Apunte

Arruinados y acosados

El Gobierno debe regular lo que se avecina, pues dejarlo en manos del libre mercado solo servirá para que agencias de recobro hagan su agosto

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Mensaje SMS enviado por un servicio de recobros a un deudor.

Mensaje SMS enviado por un servicio de recobros a un deudor. / José Luis Roca

Este martes EL PERIÓDICO abría su edición con un contundente “Los especuladores extranjeros pujan por la deuda de los parados”. Y no hay para menos, pues el cobro de morosos, siempre controvertido, adquiere una nueva dimensión con el aluvión de impagos generado por una pandemia que asfixia a particulares y pequeños negocios. 

Tradicionalmente, nos hemos caracterizado por ser un país de morosidad elevada. Son ya muchos los años desde que devolver un cheque o no atender una letra de cambio constituía un hecho muy grave. A esta relajación en las obligaciones ha contribuido la mayor facilidad del sistema financiero en la concesión de préstamos y, especialmente, la aparición de nuevos instrumentos de crédito instantáneo al consumo como, entre otros, las tarjetas 'revolving'. 

En estas circunstancias, se desarrollaron las agencias de recobro, especializadas en sus inicios en la gestión de impagados de terceros y, con el tiempo, en la compra de carteras de morosos a precios de saldo. Una vez adquiridas, cualquier práctica que sirviera para presionar al deudor era bienvenida, pues casi todo el recobro sería para la agencia.

Precisamente, para evitar prácticas que acosasen al honor y la intimidad, se reformó el Código Penal en 2015, aliviando la situación del moroso. Sin embargo, como incluso el recobro de impagados se ha digitalizado y globalizado, desde empresas radicadas en países donde no se aplica la legislación española, como Luxemburgo, resulta posible el asedio telefónico indiscriminado a través de programas informáticos, que pueden llamar repetidamente, y a cualquier hora, al deudor. 

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Pese a los indicios de recuperación, todo apunta a una explosión de la morosidad de familias, autónomos y microempresas. Por ello, el Gobierno debe regular lo que se avecina, pues dejarlo en manos del libre mercado solo servirá para que agencias de recobro hagan su agosto, a costa de pequeñas deudas de los más perjudicados por la crisis. Y servirá, también, para alimentar la fractura social y el voto populista.