¿Hacia dónde camina el Estado del bienestar?

Al ruido que generan las interpretaciones sobre las causas y efectos de la desigualdad (sí, ruido, ya que la evidencia aún no da con claridad el curso de la acción correctora apropiada), se añade ahora la crisis por la pandemia en sus vertientes de desigualdad socioeconómica y en salud. Si desde las primeras percepciones iba ya dando pábulo a una propuesta de renta universal, ahora con el covid-19 ha llegado la propuesta de lanzar 'dinero del helicóptero'. La renta garantizada de ciudadanía genera enormes dudas, por lo que supone pasar del apoyo social bajo prueba de medios a una de garantía indiscriminada, tanto para ricos como para pobres, a cambio de una -improbable- eliminación de otros beneficios en especie, y luego fiar todo a una potencial recuperación de las rentas vía IRPF.

Con los cheques de los norteamericanos 'lanzados' por todos sitios, y el clamor de muchos otros países a pasar a la acción directa ante la crisis generada por el virus, el desconcierto sobre el camino futuro a recorrer por la que tenga que ser la acción social se ha agrandado. Está claro que, con la pandemia, la ayuda monetaria postulada por todos debe entenderse como coyuntural y transitoria. Pero para aquellos países que son poco flexibles en la recuperación económica (mercados de trabajo rígidos, instituciones fiscales parsimoniosas o simplemente ineficientes), sumar al clamor de la desigualdad social, la económica, a resolver por la vía del 'dinero helicóptero', es preocupante.

Son, además, propuestas bien recibidas desde el universalismo más simple y perezoso de la gestión pública. Si el universalismo como imperativo pierde proporcionalidad con el grado de necesidad y de capacidad económica, en un Estado bastante endeudado como el español puede representar el derrumbe de su Estado del bienestar. Primero, por la cultura de rescate, contra el esfuerzo, que puede generar. Y segundo, por la insostenibilidad manifiesta de su financiación. Todo ello tiene mal pronóstico: el apoyo puede acabar siendo tanto universal, extensivo, como exiguo en la cuantía.

Está claro que, con la pandemia, la ayuda monetaria postulada por todos debe entenderse como coyuntural y transitoria 

Por otro lado, puede provocar un gran descontento en aquellos que leen como falta de discriminación positiva su situación de fragilidad, en favor de los que no lo necesitan. Con el ascensor social funcionando, ciclos económicos breves, y con respuestas estructurales de instituciones robustas, quizá la prognosis sería otra. Pero en las actuales circunstancias, mucho me temo que este sobredimensionamiento del alcance de una protección pública poco discriminada y sin capacidad de financiación sea el principio del fin del Estado del bienestar tal como lo conocemos. Ingenuos y avispados a la una, bajo la idea de transformarlo, puede que estén ahora mismo socavando los pilares para su destrucción.

Todo esto coincide en un momento de replanteamiento de la globalización económica vivida. De hecho, con la hiperglobalización ha aumentado muchísimo la especialización económica, reduciendo, como señala Dani Rodrik, el ritmo de crecimiento del pastel -que era el beneficio principal. Y han aumentado los costes, las complicaciones políticas para aliviar los efectos indeseados: el incremento del arbitraje libre reduce la capacidad regulatoria de los estados (no solo en cuestiones monetarias o fiscales, sino también de estándares de trabajo, regulaciones de consumo y ambientales o de fiscalidad societaria); hace más inocua la diversidad institucional, y disminuye el alcance del bien público, cada vez más local o internalizado en un territorio. En este nuevo contexto, los estados de bienestar no están preparados para hacer frente a las inseguridades que afectan también a la clase media. De ahí, posiblemente, las improvisaciones y los dudosos remedios antes comentados.

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