Aislar a los violentos

El ataque de un grupo de encapuchados a la comisaría de la Guardia Urbana de la Rambla de Barcelona que acabó con el incendio con líquido inflamable de una unidad policial con el conductor en su interior es un salto cualitativo en los altercados de la última semana. Los detenidos por este hecho se enfrentarán a graves acusaciones penales porque, además de los destrozos materiales, pusieron en riesgo la vida de una autoridad. Las reacciones de la clase política han sido contundentes, pero en algunos casos dejan bastante que desear. La equidistancia respecto a los actos violentos de algunos, una minoría, de los manifestantes y los presuntos excesos de la policía no son tolerables ni en los partidos que gobiernan las instituciones ni en los que podrían sustentar una mayoría de gobierno, sea en el Parlament o en los ayuntamientos. Esta tibieza no hace otra cosa que dejar desamparados a los ciudadanos de a pie que son víctimas indirectas de los destrozos y a los comerciantes que son directamente afectados por estos estallidos reiterados y que van a manifestar este jueves su impotencia ante lo que está pasando.

No hay que magnificar los hechos de la última semana, pero a estas alturas está claro que los Mossos d’Esquadra necesitan el respaldo de los dirigentes políticos, sin ambigüedades. Eso es lo que cabría esperar de la reunión que van a celebrar hoy Pere Aragonès, máximo responsable del Govern en funciones, la alcaldesa Ada Colau y el ‘conseller’ de Interior, Miquel Sàmper. Hay que atajar esa espiral, apoyar a la policía para que actúe de manera contundente y pedir a los convocantes que dejen de salir a la calle para acabar amparando a ese núcleo de entre 150 y 200 personas que pretenden utilizar la violencia como arma política y que se entremezclan con delincuentes comunes que se dedican al pillaje.

En este contexto, a nadie se le escapa que tanto Esquerra como Junts per Catalunya están condicionados en sus mensajes contra los violentos por la necesidad que tienen de conseguir los votos o la abstención de la CUP para hacerse con el gobierno de la Generalitat. La reacción de la candidata de los antisistema y de las juventudes de Arran tras los hechos del sábado son inaceptables, una por tímida y la otra por cómplice. Da claramente la impresión de que esta formación, que está siendo decisiva en el Parlament desde el 2015, ha decidido utilizar los altercados de estos días como moneda de cambio en la negociación del nuevo Govern y pretende servir a la Brimo, la unidad de antidisturbios de los Mossos, como trofeo ante sus cachorros para apoyar a Aragonès como ‘president’. El dirigente republicano no puede caer en esta trampa. De lo contrario, corre el peligro de que le ocurra como a Artur Mas, arrojado a la papelera de la historia por la CUP, o como a Quim Torra, que tuvo que ejercer de agitador porque los que le invistieron no le permitieron hacer nada más, ni aprobar unos presupuestos.

La CUP tiene muchas almas y gobierna en muchos ayuntamientos con alianzas de todo tipo, pero en la política catalana es un error verla simplemente como una organización más radical en el discurso independentista, como hace Junts, y olvidar que tiene un componente antisistema y anarquista que coquetea con la violencia, especialmente entre sus bases en la ciudad de Barcelona. Y con los violentos no hay otra alternativa que aislarlos, en las manifestaciones y en los gobiernos.