Vacunas y el principio de equidad

La vacunación ha empezado, y con ello un nuevo experimento. En esta ocasión no es un experimento de laboratorio, en cultivos celulares, ni un ensayo clínico con personas bajo un estricto control. Este nuevo experimento, que llamamos “natural”, no tiene como objetivo valorar la efectividad o la seguridad de las vacunas. Esto ya ha sido demostrado y aprobado por las agencias del medicamento de EEUU y la UE. El objetivo principal del experimento natural es valorar la equidad en el acceso a la vacuna. Los mecanismos para analizar no son moleculares sino sociales.

Efectivamente, después de decretar el confinamiento al inicio de la pandemia, y financiar generosamente la investigación de las vacunas, mientras se mantenía el difícil equilibrio entre las medidas sanitarias y económicas, ahora toca organizar la administración gratuita, y no obligatoria, de las vacunas. Y aquí, de nuevo el Estado aparece como el actor principal, y cuando digo Estado entiendo un conjunto de instituciones estables a través de las cuales se administra -democráticamente, en nuestro caso- el poder y lo común dentro de un territorio. Como estamos empezando a ver estos días, la administración de las vacunas es una operación de tal envergadura que difícilmente la puede organizar la iniciativa privada. Hay que hacerlo muy bien, pues en ellos nos va el futuro inmediato. 

En este ejercicio del derecho a la protección a la salud, que no el derecho a la salud como erróneamente se suele oír pues nadie puede garantizar la salud en sí misma, es básico tener en cuenta el principio de equidad. Un principio que nos ayuda a conseguir el objetivo de alcanzar, en este caso, la deseada inmunidad colectiva en el menor tiempo posible, pues ordena el acceso a la vacuna teniendo en cuenta las diferencias entre las personas. Esto es, si todos accedemos a la vacuna de manera igualitaria seremos inequitativos, pues entre nosotros hay diferencias que no podemos ignorar. Por ejemplo, respecto a la gravedad de la enfermedad en caso de contagiarse las personas mayores o con enfermedades crónicas; o la probabilidad de contagiarse o contagiar a otros entre los sanitarios o los trabajadores esenciales. Estos son los criterios adoptados por la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Unas diferencias en el acceso a las vacunas que hemos aceptado sin problema con naturalidad. Aquellos que no están es estos grupos prioritarios esperan, y se alegran, que se vacunen primero estas personas de los grupos prioritarios. Al final todos saldremos ganando.

Pero este principio de equidad se rompe cuando llegamos a las fronteras del Estado. En nuestro caso, cuando llegamos a las fronteras comunes de la Unión Europea. Llegado a estas fronteras, si miramos al sur, el principio de equidad se queda una vez más en medio del Mediterráneo. Todos lo vemos y todos miramos hacia otro lado, confiados en que una oenegé o algún organismo multilateral reparta algunas dosis de vacunas entre ellos. En este tema, como en otros muchos relacionados con la protección de la salud, el territorio aparece como la principal fuente de inequidad, a la que se suman las de riqueza, género o etnia, entre otras, las cuales agravan aún más el desigual acceso a la vacuna.

La tragedia, no es exagerado utilizar esta palabra, es que mientras no exista inmunidad de grupo a escala planetaria no habremos logrado hacer frente a la pandemia, y la amenaza persistirá para todos, independiente del territorio en donde vivamos. La solución parece evidente: dotarnos de instituciones estables a escala global, al igual que hemos sido capaces de hacerlo a escala estatal. La protección frente a la pandemia exige equidad en el acceso a la vacuna, y para ello hace falta algún tipo de Organización Mundial de la Salud. No hay que inventarla, basta con reformarla dotándola de más poder y más recursos.

En resumen, la investigación biomédica, con ser imprescindible para hacer frente a la pandemia, no es suficiente para alcanzar el objetivo de derrotar al virus de manera equitativa. Para ello necesitamos de la política, que puede ser concebida, según Rudolf Wirchow (1821-1902), como “la medicina a gran escala”.

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