Arnaldo Otegi

Arnaldo Otegi llevaba ya años intentando sacar a la izquierda aberztale del atolladero cuando fue encarcelado de nuevo y condenado a 10 años de cárcel por el caso Bateragune. La cárcel no era nueva para el líder aberzale. Era su quinta vez. Pero si fue esa la primera ocasión en que su encarcelamiento y condena se producían por su ahínco en poner fin a ETA. 

Otegi fue condenado en primera instancia por la Audiencia Nacional en septiembre de 2011 para luego el Tribunal Supremo rebajar la condena a seis años y medio que cumplió íntegramente. De nada sirvió su recurso de amparo al Constitucional cuestionando la imparcialidad del tribunal que lo condenó en primera instancia. El Constitucional -que presidía entonces Francisco Pérez de los Cobos, el que ya escondió en su día la filiación al Partido Popular- no quiso ver nada y el recurso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que resolvió que efectivamente Otegi y el resto de encausados no tuvieron un juicio justo por la parcialidad del tribunal.

Pues bien, transcurridos ya dos años desde el fallo de Estrasburgo, ahora el Supremo ha resuelto, sin más, que hay que repetir el juicio, haciendo suya la tesis de Vox, el partido de extrema derecha que lidera Abascal. La medida no solo es insólita, sino que choca de plano contra todos los principios básicos del derecho penal. Una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo caso y el llamado ‘in dubio pro reo’. Esto es, la locución latina que expresa el principio jurídico de que en caso de duda se favorecerá al imputado o acusado.

El Supremo no solo debería pedir perdón y proceder a indemnizar a los acusados luego que hayan pasado más de seis años en la cárcel por un juicio injusto. Debería amonestar severamente a la sala de la Audiencia Nacional que no se comportó con arreglo a derecho. Pero en vez de eso, ha decidido juzgar nuevamente a unas personas que ya han cumplido condena por esos hechos. Un esperpento judicial que no solo no ayuda en nada a la convivencia, sino que pone en tela de juicio el funcionamiento de las más altas magistraturas del Estado y su sesgo ideológico.