El grano y la paja

Cada día que pasa y por cada revelación documentada, la difusión de las llamadas telefónicas está convirtiendo la ‘operación Volhov’ en el culebrón que el ‘procés’ nunca hubiera querido que se emitiera. Obviamente, que tampoco se grabara. Y por cada intento oficial para neutralizar la serie imputando su guion a la manipulación de las escuchas y a la represión del Estado, lo que se consigue es que la audiencia siga con atención los diálogos y quiera más. La han atrapado con una historia de verdad que los perjudicados preferirían que fuera mentira. Pero sería bueno separar el grano de la paja.

A estas alturas nada parece desmentir que la Guardia Civil volvió a  protagonizar un despliegue excesivo para un resultado escaso. Lo confirmaría la decisión del juez de dejar a los investigados libres con cargos pero sin controles. De nuevo, bajo la supervisión del inefable  teniente coronel Diego Baena, se pretendió vestir de aparente trascendencia lo que se ha convertido en chascarrillo. Que Rusia enviaría 10.000 soldados para apoyar la independencia de una Catalunya a la que también ayudaría económicamente hasta culminar su plenitud. Un rumor que circuló durante el verano y el otoño del 2017 difundido por gargantas profundas que querían hacer creer que todo estaba tan bien atado como sería bueno para unos y terrible para otros. Porque estas voces se hacían escuchar desde cualquiera de los bandos enfrentados. Unos por buscar presuntamente el apoyo, los otros por tener información, decían, de los aledaños de la inteligencia oficial. Y aunque ambos promovían o denunciaban la conspiración perfecta, todo acabó en el amago que conocemos. Incluso en Moscú se hablaba de ello adelantándose a la broma actual propagada por su embajada.

El lado oscuro del camino

Aquel despropósito es perfectamente compatible con la exigencia del ejercicio de transparencia del posible uso de dinero público en cualquier actuación personal o colectiva durante el tiempo que siguió a la gran evasión. Y esta transparencia debería empezar por reconocer los hechos o anunciar una investigación sobre la existencia de un supuesto “estado mayor” que, con la excusa de estar trabajando para la causa, habría convertido al Govern y a sus empresas en un guiñol movido para sus intereses desde el lado oscuro del camino. Aquel por donde algunos han discurrido durante mucho tiempo sin que les salpicara una mota de polvo pero desde donde empujaban a otros al barro político o profesional. Por esto, hay quien podrá ver en este dislate algo de justicia poética reflejada en el sonrojo al que alguna de estas voces está sometida. Pero no nos engañemos. Nadie aguantaría la exposición pública de sus vergüenzas privadas. Y menos conseguidas a través de pinchazos telefónicos y micrófonos ocultos que no se justificarían si no se persiguiera lo que cada día parece más claro: poner en evidencia el tinglado oculto en la trastienda.

Cuando esto trasciende al espacio común y al bien colectivo, la obligación de las administraciones es atacar frontalmente el problema para diluir cualquier atisbo de duda sin que ello convierta en delincuentes a los señalados. Y además de destituir a un concejal presuntamente cómplice, levantar todas las alfombras y airear un país demasiado tiempo asfixiado. Al fin y al cabo, ¿no es esto lo que se nos recomienda ahora para evitar contagios?  

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