Trump y el Tribunal Supremo

Donald Trump se considera ganador de las elecciones, y pretende bloquear el cómputo de votos allí donde le pueda ser desfavorable. Para ello va acudiendo a los tribunales de los estados, con la esperanza de llegar al Tribunal Supremo. No parece que tenga mucho éxito por ahora, y, en todo caso, le queda camino por recorrer antes que pueda llevar un caso al Supremo.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos no es la primera instancia para dirimir controversias electorales. La razón es que en aquel país no existe una normativa federal común para las elecciones presidenciales. El artículo II, sección 1, de la Constitución de los Estados Unidos, dispone que cada uno de los estados que componen la federación “nombrará, del modo que su cámara legislativa disponga, un número de electores igual al total de los senadores y representantes a que el Estado tenga derecho en el Congreso”. El voto popular designa a esos electores, que a su vez eligen al presidente, en la manera que establezca la legislación de cada estado. Esa legislación puede diferir de un estado a otro, y son los tribunales de cada uno de los estados federados los que, según su legislación específica, van a resolver los litigios que se produzcan allí. La legislación federal se ocupa de la fecha de la votación (el primer martes después del primer lunes de noviembre) y de la fecha en la que los estados deben remitir al Senado los nombres de los electores (el cuarto miércoles de diciembre). Entre esas dos fechas pueden plantearse las controversias sobre el cómputo de los votos, y, para entender lo que podría pasar, tenemos que recordar un famoso caso de hace 20 años: 'Bush v. Gore'.

En las elecciones del 7 de noviembre del 2000 todo se decidió por el resultado de Florida, que finalmente decantó la presidencia en favor de George W. Bush frente al demócrata Al Gore. En aquellas fechas el gobernador de Florida era Jeb Bush, hermano de George W. Y quien se ocupaba de la gestión de las elecciones en el Gobierno del estado era Katherine Harris, que compaginaba esta tarea con la de copresidir la dirección de la campaña de George W. Bush. El cómputo de los votos se conoció tres días después de cerrarse las urnas. Bush parecía ganar, pero se impugnaron los resultados de algunos condados. Los recursos llegaron finalmente al Tribunal Supremo de Florida, que, el 8 de diciembre del 2000, decidió que se debían tomar en cuenta los resultados obtenidos en los recuentos realizados más tarde de la fecha límite del 14 de noviembre establecida por la legislación del estado. Inmediatamente, los abogados de Bush recurrieron al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que admitió la impugnación el 9 de diciembre y dictó sentencia el día 12.

La decisión del Tribunal Supremo revocó la sentencia de Florida, y abrió la puerta a la elección de George W. Bush. Tuvo una fuerte controversia interna, con una mayoría de cinco a cuatro. Uno de los magistrados disidentes, Stephen Breyer, reprochó a la mayoría que hubiera aceptado a trámite una cuestión más política que jurídica como es una elección presidencial. Hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene plena discrecionalidad para aceptar o no los casos, sin necesidad de justificar el rechazo. Tal vez por lo delicado de la sentencia, en la misma se establece que sus efectos se limitan al caso concreto. Por tanto, deberíamos suponer que no sienta precedente.

Pero quizá no sea así. El Tribunal Supremo dictó el pasado 26 de octubre una sentencia sobre plazos electorales: 'Democratic National Committee et al. v. Wisconsin State Legislature', el voto particular concurrente del magistrado Brett Kavanaugh cita el 'caso Bush v. Gore' para destacar la deferencia que los tribunales deben a lo que las leyes electorales disponen. Seguro que sabe de lo que habla, porque se da la circunstancia, recordada el pasado día 28 por el 'New York Times', de que en el recuento de Florida de hace 20 años Kavanaugh formó parte del equipo de abogados que asesoraron a los republicanos. Y allí coincidió, en el mismo bando, con otros dos miembros del actual Tribunal Supremo: Amy Barrett, recientemente nombrada por Trump, y el presidente de la corte John Roberts.

Debemos, pues, seguir con atención lo que ocurre en los estados donde haya disputas por el cómputo de los votos. Habrá que ver si estas disputas terminan en los tribunales supremos de esos estados. Y si lo que resuelven esos tribunales se impugna ante el Tribunal Supremo, entonces la atención habrá que aumentarla. Más que nada, para verificar si el razonamiento de su decisión es lo suficientemente bueno para que nos olvidemos del compromiso político que tuvieron hace dos décadas Kavanaugh, Barret y Roberts.

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