Limitación de alquileres: más incertidumbre

El 22 de septiembre entró en vigor la nueva ley que regula un régimen excepcional para limitar el precio de los alquileres, aplicable en determinados municipios de Catalunya. En concreto, incluye un listado de áreas del Área Metropolitana de Barcelona o con una población superior a 20.000 habitantes que se declaran provisionalmente y durante el plazo de un año como áreas con mercado de vivienda tenso, en las que los precios del alquiler han sufrido un incremento superior al 20%. 

A pesar de nacer con la vocación de hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, no es ningún secreto que la entrada en vigor de la ley se produce en un contexto no exento de polémica. Por un lado, el pasado mes de agosto el Consell de Garanties Estatutàries emitió un informe sobre el borrador de la norma en el que señalaba que esta regulación excedía de las competencias atribuidas al Parlament.

En este sentido, es previsible que en las próximas semanas se plantee un recurso de inconstitucionalidad que impugne la ley (aunque si no se recurre por el Gobierno, podría estar vigente durante un plazo de dos años). Asimismo, entidades muy relevantes del sector inmobiliario han alzado la voz contra esta ley alertando que la limitación del precio del alquiler dificultará el acceso a la vivienda al provocar una retracción de la oferta (principal causa del aumento de los precios). A su vez, dichas entidades han requerido a la Administración la adopción de medidas que incentiven la construcción de un parque de vivienda social suficiente, que no pase por penalizar a los propietarios ni trasladar al sector privado la responsabilidad de generación de parque público de vivienda.

Mientras tanto, ante este contexto, la incertidumbre y el desconcierto se apoderan del sector, pillando esta ley por sorpresa a propietarios, profesionales e inquilinos. De igual modo, la amenaza de sanciones planea sobre los arrendadores en la medida en que establecer una renta que supere los importes establecidos en la ley puede conllevar multas de hasta 90.000 euros.

Sin ánimo de poner en duda las bondades que han conducido a la aprobación de la norma -ciertamente, razones de cohesión y justicia social la avalan- desde una perspectiva jurídica cabe cuestionar la oportunidad y conveniencia de una iniciativa legislativa como esta, aislada y de incierto recorrido jurídico, ante una coyuntura y sobre una materia tan sensibles. 

Más allá de la situación de emergencia y de las dificultades económicas generadas por la crisis sanitaria del Covid-19, los retos que se plantean en materia de vivienda deberían abordarse desde una perspectiva más amplia e integradora que aporte certidumbre a la ciudadanía y a los distintos operadores del mercado inmobiliario. Ahora más que nunca, se hace necesaria la creación de un marco jurídico estable que aporte confianza y consiga hacer realidad la construcción de un mercado de alquiler de vivienda asequible.