Análisis

Chile: a golpe de movilización y referéndum

El reto es que la oportunidad de transformación que se consiguió gracias a las movilizaciones no sea secuestrada por parte de las elites en los pasillos de la Convención Constitucional

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Salvador Martí

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Hace un año, cuando estallaron intensas protestas y disturbios en Santiago de Chile a raíz del incremento del precio del metro, nadie pensó que una de sus consecuencias sería un plebiscito sobre la reforma de la Constitución -una Constitución heredera, por cierto, del régimen pinochetista y ultraliberal. Si bien, desde hace una década, la demanda de finiquitar la carta magna chilena y redactar una nueva era la bandera de un sector de la izquierda no institucional (minoritaria y con poca visibilidad) hasta hace poco nadie creía que fuera posible.

Fue la intensa movilización ciudadana del año pasado la que puso el tema en la agenda. Esta movilización, en la que se fueron agregando múltiples sectores y sensibilidades, señaló la falta de legitimidad que tenían las instituciones chilenas a pesar del discurso autocomplaciente de sus élites.

Ante la 'enmienda a la totalidad' de los manifestantes -que llegaron a convocar a más de un millón de personas justo antes de la pandemia- y la incapacidad y la falta de asertividad del gobierno de Piñera, los políticos terminaron ofreciendo a la ciudadanía algo que hasta entonces no habían querido: la reforma de la Constitución. La represión desmedida (e impune) que se desplegó durante noviembre del año pasado solo incrementó el descontento y mostró que la única fuente de poder que mantenían las autoridades era la fuerza.

Así las cosas, y después de posponerse por la pandemia, el pasado 25 de octubre Chile volvió a ser noticia mundial por un referéndum -antes lo había sido por el plebiscito que apeó a Pinochet de la Presidencia en 1989. Los resultados han sido abrumadores: han participado el 50,9% de los votantes (más que en las últimas elecciones presidenciales) y de ellos el 78% han aprobado que se elija una Convención Constitucional -que será paritaria entre hombres y mujeres- para elaborar un nuevo texto.

De esta votación hasta la aprobación final de la nueva constitución aún queda mucho trecho. Primero es preciso elegir, el día 11 de abril de 2021, los miembros de la Convención Constitucional. Dicha Convención deberá aprobar un texto por dos tercios de sus miembros y finalmente (se presume que para mediados del año 2022) los chilenos deberán refrendar el redactado “saliente”. Hasta la fecha no se sabe quién ni cómo se 'candidateará' para formar parte de la Convención, pero es seguro que los partidos tradicionales (sobre todo la derecha que concurrirá unida) intentarán volver a cooptar los espacios institucionales.

Pero más allá del resultado final, que parece incierto, es preciso felicitar a los ciudadanos chilenos por el resultado, y sobre todo, a los centenares de miles de personas que salieron a la calle a protestar a pesar de la represión desatada por el gobierno. Gracias a ellos -los estudiantes, las feministas, los asalariados precarizados, los pobladores y, en general, a colectivos los descontentos- se celebró este referéndum. Ahora el reto es que la oportunidad de transformación que se consiguió gracias a las movilizaciones no sea secuestrada por parte de las elites en los pasillos de la Convención Constitucional.

*Catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Girona

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