De salud pública, bares y restaurantes

¿Existe un derecho a la salud cuya protección es prioritaria sobre cualquier otra consideración relativa a su impacto sobre la economía? ¿Las medidas restrictivas arruinarán los negocios afectados o son su tabla de salvación a largo plazo? ¿Proteger la salud pública es un gasto improductivo o una inversión que mejora el dinamismo y la productividad de las personas y garantiza la continuidad de los negocios? Veamos.

Respecto a si existe o no un derecho a la salud, hace unos años un consejero de sanidad de una comunidad autónoma dio una respuesta taxativa: “La salud es un bien privado que depende de uno mismo, no del Estado (…). No existe un derecho a la salud”. No importa ni el nombre del consejero, ni el de la comunidad autónoma. No se trata de acusar, sino de comprender las relaciones entre salud y economía.  

Esa afirmación fue hecha cuando la 'corrección política' apoyaba recortar el gasto en sanidad, no solo porque la crisis de 2008 hubiese desequilibrado las cuentas pública, sino porque estaban de moda los mantras de la etapa conservadora, formulados a finales de los años setenta por Ronald Reagan (“El problema es el Estado”) y Margaret Thatcher (“La sociedad no existe, solo existe el individuo”). En ese clima ideológico no se contemplaba un derecho a la salud. Y el gasto en salud pública se veía como un obstáculo para el crecimiento.

Ya fuese por ideología o por una austeridad fiscal mal entendida, el gasto público sanitario público fue uno de los que más sufrió los recortes de la crisis de 2008. En España se destina solo un 6% frente al 7% como media europea.

Las cosas han cambiado. Los economistas aún han de mejorar sus modelos macroeconómicos para poder capturar todos los vínculos positivos que existen entre salud pública y economía. Pero la covid-19 ya ha aclarado esa relación: sin garantizar la salud pública, la economía no puede funcionar plenamente. No podemos equivocar la prioridad.

Una población sana es una bendición para la economía. No fue por casualidad que durante el 'período de entusiasmo' con la sanidad pública, de 1950 a 1978, la productividad y el crecimiento fueran viento en popa. Tampoco lo fue que en el 'período de decepción', de 1978 a 2020, la productividad disminuyera y el crecimiento se ralentizara.

La pandemia nos obliga a comprender que hemos de invertir en salud pública. Es la única forma de asegurar el funcionamiento de la economía, especialmente en sectores como turismo, hostelería, restauración, bares, comercio, ocio. Para que estos negocios puedan funcionar no es suficiente con que los bancos centrales y los gobiernos apliquen políticas expansivas que ayuden a las empresas a resistir y a los trabajadores a no perder el empleo ni los ingresos. En una economía pandémica, por sí solas, esas medidas no podrán reflotar todos los negocios. Para lograrlo hay que proteger el derecho a la salud de las personas.  

Para asegurar la salud pública en una situación pandémica las autoridades tienen dos palancas. Una es invertir para fortalecer la capacidad del sistema sanitario, disponer de un sistema de salud primaria con capacidad para identificar cada nuevo brote y rastrear las personas infectadas antes de que se produzca contagio comunitario y promover la investigación en vacunas y en tratamientos clínicos eficaces. La ciencia y el conocimiento son el camino más eficaz para hacer frente a esta y otras futuras pandemias. La otra palanca es restringir la actividad de algunos negocios y la movilidad de las personas. Cuanto más efectiva sea la primera palanca, menor uso tendremos que hacer de la segunda.

Nuestro problema es que, como hemos debilitado el sistema de salud pública, ahora tenemos que utilizar con exceso las restricciones de actividad y movilidad. Esto es algo que hemos de corregir y reequilibrar rápidamente. De lo contrario esas medidas restrictivas dejarán de ser eficaces, pero su coste económico y humano será más elevado.

La posibilidad de que miles de personas mueran justifica una ampliación de las acciones restrictivas de los gobiernos. Edmund S. Phelps, premio Nobel de Economía, ha señalado que estas medidas sin precedentes pueden verse como un “seguro sistémico” a corto plazo para nuestras vidas. Un seguro que comporta una “prima” extraordinariamente alta dado el coste que tiene el cierre de negocios como bares y restaurantes. En todo caso, una cuestión a dilucidar es si esa prima de riesgo la han de pagar solo los propietarios de bares y restaurantes o deben ser compensados.

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