Seis años y visitar a tu padre maltratador en la cárcel

El niño llegó temblando y eso hizo que la Policía Local de Paterna anulase el viaje previsto. Ese 'viaje' era el que una jueza determinó en una resolución: subirse al coche de su abuelo paterno (casi un desconocido) cada 15 días, y recorrer 170 kilómetros (de ida y de vuelta) para ver a su padre maltratador en la cárcel. El mismo padre que, hasta que no ingresó en prisión, no pidió verlo. El mismo que antes de entrar en prisión jamás había solicitado visitas con él. El mismo que seis años antes lo había pateado antes de nacer, cuando estaba dentro del vientre de su madre. 

Hace unos días me entrevistaron por la <strong>macroencuesta de violencia de género</strong>. Apunté que la encuesta nunca mide la violencia institucional, imprescindible para conocer los casos donde ni las mujeres maltratadas ni sus hijos o hijas reciben la justicia que merecen por ley. Un abogado no especializado en género me lo negó. Los típicos abogados que no piensan nunca en el caso de Ángeles González y que sus más de 50 denuncias no impidieron el asesinato de su hija. Tampoco en Nerea y Martina, las hijas de<strong> Itziar Prats</strong>, asesinadas porque su caso se consideró “de bajo riesgo”. Los mismos abogados que nunca escucharon a los niños y niñas que padecieron esa violencia en el hogar y que, ahora, ya mayores, pueden hablar y quieren que la sociedad comprenda de una vez que un maltratador jamás es un buen padre. Los mismos abogados que siguen sin entender que los menores son considerados por ley también víctimas de violencia de género. Los mismos que siguen sin entender que la violencia vicaria existe y que sufren de forma directa estos menores a diario.

Dicen que estos casos son pocos. Faltaría más que la justicia nunca protegiera a sus víctimas. Pero son casos irreparables, de asesinatos o de medidas judiciales que aterran, condicionan y traumatizan a los menores que los sufren. El niño llegó temblando, recuerdo. Llegó y eso es lo que se vio. Pero imaginen el terror de ese niño la noche anterior, imaginen en qué pensaba en la escuela, en el recreo, en su mesa de estudio, comiendo... Imaginen cómo explicar a tu hijo de seis años que tiene que visitar una cárcel tras horas y horas de carretera, con un abuelo que jamás se preocupó por él para visitar a un “padre” (les viene grande esa palabra) que tampoco se preocupó por él. 

Sí, es de llevarse las manos a la cabeza que esta resolución haya sido realizada por una magistrada de un juzgado de Violencia sobre la Mujer, en contra del criterio de la fiscalía. Se puede entender, en parte, si conocemos el acceso a esta especialización estos años atrás, con un curso 'on line' de unas semanas de duración, sin trato con sus víctimas salvo unas prácticas breves en un juzgado. Se suponía que en el 2020 sería la primera promoción de jueces y juezas especializadas en violencia machista. 

Hasta ahora hay más de una sentencia a favor de padres maltratadores. Dicen que prevalece su derecho a visitas sobre el interés superior del menor. En otras situaciones incluso para forzarlo aún más, han dictaminado que existía el síndrome de alienación parental, negado por diversas autoridades sanitarias. Un invento que obliga a menores a ver a sus padres maltratadores. Pero frente a ese derecho del padre, que dicen que hay que respetar, se olvidan de la Convención de los Derechos del Niño, del Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los derechos de los niños, del Convenio de La Haya, del Convenio de Estambul y la propia ley de protección jurídica del menor. Y lo saben. Saben que estos marcos jurídicos obligan a los Estados a proteger a los menores en los supuestos de violencia de género.

Las feministas están trabajando, además, para que los derechos de esos hijos e hijas sean respetados también en el proyecto de ley de protección integral a la infancia. No se puede crear una ley contra la violencia infantil sin contemplar la violencia de género. Piden, por ejemplo, que los niños, niñas y adolescentes de todas las edades sean escuchados por especialistas, y no por un funcionario, como contemplaba el anteproyecto. Parece poco, pero cuando se echa la vista atrás sobre asesinatos o problemas con esos menores, esto también forma parte de la cadena de errores. Ahora, la jueza está a la espera de recibir un informe psicosocial urgente, para comprobar el estado del menor. Antes del informe, él no había hablado pero ya lo había dicho todo con su propia reacción. Un aviso reflejado en el cuerpo de un niño temblando por tener que ver a su padre maltratador. 

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