30 oct 2020

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Análisis

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una rueda de prensa posterior a una reunión del Consejo de Ministros, en septiembre.

EFE / Emilio Naranjo

Que cunda el ejemplo

Rafael Jorba

El acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales contrasta con el desacuerdo, en la forma y en el fondo, de los actores políticos

Que cunda el ejemplo. El pacto sellado 'in extremis' por el Gobierno, la patronal y los sindicatos para prorrogar los ertes hasta el 31 de enero del 2021 debería marcar el camino del consenso al conjunto de fuerzas políticas del arco parlamentario. También al Gobierno central y a los gobiernos autonómicos para corregir errores y desplegar una cogobernanza eficaz, basada en el principio de la lealtad federal.

El impacto socioeconómico de la pandemia del covid-19 nos ha introducido en una dimensión desconocida. A inicios de año, según me confesaba en privado un alto representante del sector financiero, “la envergadura de la crisis puede provoca un auténtico tsunami”. Los agentes sociales, conscientes de la erosión en el balance de sus empresas y en poder adquisitivo de sus trabajadores, han vuelto a cerrar filas.

La cuarta renovación de los ertes llega en el momento de descuento -vencía este miércoles- y afecta a más de 700.000 trabajadores que actualmente se encuentran afectados por un expediente de suspensión de empleo. Se trata de un nuevo balón de oxígeno. No será el último, a tenor de dos datos: España, en el plano sanitario, encabeza la lista de países europeos más afectados y, en el plano económico, tiene las peores previsiones de crecimiento y de paro.

Que cunda el ejemplo, decía al inicio. El consenso esgrimido por la patronal y los sindicatos contrasta con el desacuerdo, en la forma y en el fondo, de los actores políticos. Es de esperar que este clima social contamine en positivo el debate parlamentario y ponga fin a las escenas de pornografía política que se han reproducido durante la pandemia.

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La situación socioeconómica se asemejará a inicios de año a la devastación causada por una guerra, pero con una diferencia: los edificios permanecerán en pie, pero el impacto en la ciudadanía obligará a la política a tomar la senda de la unidad en las grandes cuestiones de Estado. El ejemplo de Alemania, con un gobierno de coalición de democristianos y socialdemócratas, era ya un referente ante de la crisis del coronavirus. Ahora puede convertirse en una necesidad.

Desde esta perspectiva, no es una cuestión menor el perfil de los dos políticos que han negociado esta nueva prórroga: Yolanda Díaz y José Luis Escrivá. La primera, ministra de Trabajo, forma parte de Unidas Podemos, pero procede de Izquierda Unida, un partido heredero de la tradición comunista y con vínculos históricos con el sindicalismo de clase. El segundo, ministro de Seguridad Social, un economista social-liberal que presidió la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y que atesora un brillante currículum en Europa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ido repitiendo en las últimas semanas que “estamos inmersos en una lucha epidemiológica, no ideológica”. Tiene razón a medias. En esta crisis sobran los discursos ideológicos en clave populista, a diestro y siniestro, en el centro y en la periferia, que se caracterizan por proponer soluciones simples a problemas complejos: de la panacea de la independencia al espantajo de la República.