¿Un error garrafal?

No están las cosas como para que el Gobierno de Pedro Sánchez meta la pata también en los asuntos que no tienen relación con la gestión de la pandemia de coronavirus. Menos aún si estas cuestiones afectan a materias tan delicadas en la política española como son a qué actos puede o no asistir el Rey, tienen relación con el Poder Judicial, seguramente también con la situación política catalana, y en las que el Ejecutivo no quiere o no puede explicar los motivos por los que toma una determinada decisión. En este caso, en concreto, el Gobierno no ha sido capaz de exponer las razones que le han llevado a impedir que Felipe VI viajara a Barcelona, al parecer en contra de su criterio, a la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces. Por el contrario, únicamente ha balbuceado excusas contradictorias, que llevan a pensar en un error garrafal.

De esa decisión tan "bien tomada", en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se ha ido insinuando que se adoptó con criterios de "oportunidad", de "seguridad" y para "proteger" al Rey. En conclusión, por un sinfín de argumentos de los que ninguno queda claro y que, por tanto, dan lugar a todo tipo de especulaciones. ¿Se ha apartado al Rey de un acto al que acude desde su proclamación en el 2014 porque el Ejecutivo necesita a los independentistas para aprobar los Presupuestos Generales del Estado? Es lo que insinúa la derecha, incluida la judicial. No sería imposible, pero quizá sí mezquino, instrumentalizar al jefe del Estado en función de los intereses particulares del Gobierno, aunque aprobar unas nuevas cuentas del Estado vaya en beneficio del común de la ciudadanía.

O no, tal vez lo que ha ocurrido es que se ha querido evitar que Felipe VI tuviera que soportar nuevas concentraciones de rechazo. O impedir, a cuenta del Rey, que un grupo más o menos numeroso incumpliera en sus manifestaciones las normas de distancia social necesarias para no extender el contagio del covid-19. O temían que el Tribunal Supremo decidiera la inhabilitación del 'president' Quim Torra coincidiendo con la presencia en Barcelona del Monarca y se produjera una explosión de cólera ciudadana. O ha sido una 'vendetta' contra la judicatura por no presionar al PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Todas estas y más especulaciones se han escuchado en los últimos días hasta llegar incluso a la posibilidad de un atentado. Y todas han sido fruto de la incapacidad del Gobierno para explicar sus actuaciones.

Habría que suponer que una decisión tan polémica, que le traerá a Pedro Sánchez y a sus ministros unas cuantas comparecencias en el Parlamento para dar explicaciones y que genera inseguridad en la población —¿qué hay tan grave para que el Rey no pueda ir a Barcelona?—, está basada en argumentos de peso, que el Gobierno tendría que poder justificar ante una ciudadanía que ya está demasiado preocupada por la pandemia y la sensación de que no hay nadie al frente para combatirla. Una sensación que se tiene no solo de los gobiernos autonómicos. Los ciudadanos miran también al Gobierno central, al que, sin ir más lejos, la crisis sanitaria de Madrid le puede estallar en los manos.

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