¿Impulso de la cogobernanza o trampa?

La oferta de Pedro Sánchez abriéndose a la posibilidad de decretar estados de alarma autonómicos a petición de los gobiernos interesados supone una posibilidad negada a mediados de marzo, cuando el "saldremos unidos" dominaba el discurso del presidente del Gobierno. La gravedad de la situación no es exactamente la misma que en primavera pero tampoco se mantiene la bonanza de finales de mayo, cuando Sánchez, para sacar adelante la última prórroga del decreto, abrazó la cogobernanza que, a su vez, supuso el pistoletazo de salida de una carrera entre autonomías para ver dónde se daba por finiquitada antes la desescalada. Solo han pasado unas semanas de aquellas prisas irreprimibles por escenificar la recuperación del mando de los presidentes autonómicos, con Torra a la cabeza, a los miedos actuales por una segunda oleada de la pandemia.

Los doctores del federalismo siempre han diagnosticado que uno de los grandes déficits del Estado de las Autonomías es la inexistencia de mecanismos de cooperación entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos. La crisis del coronavirus certificó esta sospecha. El Estado optó por centralizar el poder vía estado de alarma y los comunidades se instalaron en la queja, hasta que el gobierno les cedió la gestión post desescalada. El resultado ha sido frustrante. Tal vez habría sido igual de haberse mantenido el papel directivo del ministerio de Sanidad en la nueva normalidad, porque gobernar las limitaciones sociales en verano no es lo mismo que administrar el cierre total en primavera.

La declaración de estados de alarma a la carta tiene una primera lectura irreprochable: ofrecer cobertura legal a los gobiernos de las comunidades ante el incomprensible desbarajuste judicial propiciado por autos contradictorios aquí y allá ante decisiones autonómicas similares. Pero a nadie sorprenderá que la oferta sea analizada políticamente con lupa. ¿Estamos ante movimiento para apuntalar la cooperación institucional, ante la oportunidad de reparar una de las graves limitaciones del Estado de las Autonomías; o simplemente es una maniobra para trasladar toda la responsabilidad a unos gobiernos territoriales con el agua al cuello por la magnitud de la amenaza y por sus propias incompetencias?

Habría que apostar a ciegas a que se trata de acto de confianza institucional de alto valor operativo y además un primer paso elogiable hacia la cogobernanza real, superando la improvisación de finales de mayo. Lo contrario sería dar pábulo a la interpretación que apunta a una trampa del estado para desacreditar todavía más a las comunidades autonómas, lo que equivaldría a una monumental deslealtad y a una irresponsabilidad histórica. La titular de Salut, Alba Vergés, tardó muy poco en anunciar que la Generalitat descarta pedir un estado de alarma para Catalunya. En el caso de los gobernantes independentistas es conocida su aversión a colaborar con el gobierno de Madrid por no querer admitir su dependencia, extremo implícito en la oferta de Sánchez.  

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