La Universidad no necesita más 'bisutería retórica'

En un momento como el actual, en que la universidad pública está llamada a desempeñar un papel fundamental en orden a la construcción de un ecosistema de conocimiento que nos permita crecer como país, sobre la base de un nuevo contrato social y los pactos que hagan posible la reconstrucción económica, así como sometida a diferentes ataques externos que persiguen, con mayor o menor disimulo, su privatización encubierta; las instituciones de educación superior no se merecen ni pueden permitirse más juegos de palabras o simples declaraciones de buenas intenciones por parte de las diferentes administraciones, así como tampoco la inacción o simple 'bisutería retórica' que acompaña, por desgracia, a algunos de sus actuales equipos de gobierno.

Si centramos la atención en la Universitat de Barcelona, como primera universidad española en los diferentes 'rankings' internacionales, cualquier observador imparcial puede concluir, sin temor a equivocarse, que los últimos cuatro años no se han caracterizado por su especial protagonismo. Pese a la beligerancia de su rector hacia el gobierno autonómico por lo que se refiere al modelo de financiación universitaria, razonable en cuanto al fondo de la cuestión, pero con unas formas, con frecuencia, inapropiadas; es evidente que llegado el final de su mandato no ha conseguido ni un solo euro más de financiación estructural, así como tampoco ha puesto en marcha nuevas estructuras o ha mejorado las necesitadas, con urgencia, de mantenimiento y actualización. 

Nadie tenía ni tiene un manual de instrucciones para hacer frente a una situación como la derivada de la crisis del covid-19. Ello, sin embargo, no debe enmascarar el hecho de que algunos rectorados, aun reconociendo que no lo han tenido nada fácil, no hayan ejercido, como así correspondía, su liderazgo responsable. En el caso de la universidad de la que formo parte, por ejemplo, las directrices para la docencia y evaluación han llegado no solo tarde, sino que también han pecado de falta de concreción, motivo este por el que han terminado por generar un mayor desconcierto e incerteza sobre el alumnado y el personal docente e investigador; el personal de administración y servicios se ha visto abocado a adaptarse al teletrabajo sin ningún tipo de consigna genérica y haciendo, en cada caso, lo que buenamente ha podido; y el rectorado no se ha significado, en especial, ni por su valiente defensa del carácter presencial de la institución, así como tampoco por su decidida reacción ante los recortes presupuestarios que ponen en tela de juicio el futuro de la investigación universitaria.

Nada de lo prometido

Mención aparte merecen los incumplimientos de las promesas electorales por algunos equipos de dirección de las universidades. Es evidente que las circunstancias particulares de un mandado pueden hacer e, incluso explicar, que no todas y cada una de las líneas estratégicas de un programa puedan llegar a cumplirse en su integridad; pero también lo es que ello dista mucho de justificar que la comunidad universitaria se haya visto sometida, en algunos casos, a una auténtica 'tomadura de pelo'. 

Por seguir con el ejemplo de la UB, baste el botón de muestra que tiene que ver con la gestión de la problemática del colectivo del profesorado asociado. Así, mientras el rector, en su programa del 2016, prometió tomar medidas urgentes en orden a mejorar los planes de transformación de los asociados, para así dignificar y reconducir, bajo fórmulas contractuales adecuadas, el trabajo que ejercen desde hace años; es lo cierto que llegados al año 2020, tras no haber hecho nada de lo prometido,no ha tenido rubor alguno en manifestar, públicamente, que no tiene falsos asociados, sino asociados en situación no correcta, motivo este por el que, según él, el colectivo de asociados está parado en cuanto a sus reclamaciones. Dicha afirmación, claramente desmentida por las estadísticas oficiales, así como por las continuas reclamaciones del colectivo supone, además, desaprovechar una coyuntura política, esperemos que no solo de maquillaje mediático, en la que el Ministerio de universidades sí reconoce la imperiosa necesidad de regularizar la situación que, desde hace años, padece el profesorado asociado.

Por todo lo anterior, así como por la inexistente política de profesorado y el olvido del personal de administración y servicios, situaciones ambas que han terminado por convertir en crónicos los problemas derivados de la precariedad y envejecimiento de las plantillas universitarias; es absolutamente necesario que las máximas autoridades académicas de las universidades públicas españolas sean personas alejadas de la bisutería retórica, cercanas a la comunidad universitaria, empáticas y, por descontado, conocedoras de una realidad que algunos parecen olvidar encerrados en las cuatro paredes de un despacho que, para más inri, en algún caso particular, no han tenido ningún problema en decorar a su gusto mientras, en paralelo, exigían y exigen a su personal y alumnado comprensión y paciencia, así como un voluntarismo infinito que ya no da más de sí.