Análisis

Bendita Seat

Las administraciones deben acompañar a la marca española en su ambicioso proyecto industrial que, además, responde a los requerimientos de ese mundo sostenible en el que todos dicen comprometerse

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Jordi Alberich

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En los tiempos que corren, resulta difícil de creer el anuncio de Seat de invertir hasta 5.000 millones de euros en sus plantas de Martorell, Barcelona y El Prat, destinados, en su mayor parte, al diseño y producción de vehículos eléctricos. Cuando todo parece hundirse a nuestro alrededor, con el automóvil de manera destacada, la decisión de la marca española resulta extraordinaria, tanto por el propio monto de la inversión, como por consolidar la posición de la empresa en el nuevo escenario automovilístico global.

Un nuevo contexto, que vendrá definido por el vehículo eléctrico, y que pondrá en riesgo la continuidad de muchas plantas de producción. Con la inversión anunciada, no solo se garantizan miles de puestos de trabajo sino que, a su vez, se refuerza el centro de I+D de la compañía, uno de los más reconocidos de Europa.

Además, el anuncio se produce pocas semanas después de la confirmación del dramático cierre de la planta de Nissan. Un final abrupto que había despertado temor acerca del futuro a medio plazo de la filial del grupo Volkswagen. Sin embargo, ha sucedido lo contrario, Seat pretende consolidarse como referente del coche eléctrico si bien, para ello, se requiere de un apoyo decidido de las administraciones públicas, especialmente del Estado. Un compromiso público que nada tiene que con las tradicionales ayudas directas a empresas automovilísticas.

El coche eléctrico solo tendrá futuro si se consolida una nueva manera de entender la movilidad, aquella capaz de compatibilizar el vehículo privado con los criterios de sostenibilidad. Por ello, Seat considera indispensable avanzar en aquellas políticas que puedan convertir en funcional el uso del vehículo eléctrico, y en rentable su producción. Así, resulta indispensable el liderazgo de las administraciones para favorecer el desarrollo de las energías renovables, estimular la producción de baterías en España, adecuar la formación de los trabajadores a las nuevas necesidades o diseñar un plan de incentivos para la compra, de manera que el coche eléctrico deje de ser una alternativa al alcance exclusivo de ciudadanos de alto poder adquisitivo.

Pero, junto a todo ello, la cuestión clave radica en el despliegue de las infraestructuras de recarga. Esta constituye una exigencia muy notable, pero perfectamente asumible por un Estado que ha sido capaz de desarrollar, en poco tiempo, infraestructuras de AVE o fibra óptica, de las más avanzadas del mundo. Imagino que, en el fondo, estamos unas demandas similares a las de los primeros fabricantes de automóviles a inicios del siglo XX: carreteras y estaciones de combustible.

Por todo ello, las administraciones deben acompañar a Seat en este ambicioso proyecto industrial que, además, responde a los requerimientos de ese mundo sostenible en el que todos dicen comprometerse. Más allá de las expresiones de buena voluntad, estamos ante la posibilidad de transitar de las palabras a los hechos. Una empresa con sede en Martorell ha dado el primer paso. ¡Bendita Seat!