Racismo en Catalunya

Con el eco de las protestas antirracistas de Estados Unidos, dos episodios ocurridos en Catalunya delatan la sombra de la xenofobia en nuestras calles: el ataque violento de una supuesta patrulla ciudadana a un piso ocupado por jóvenes migrantes en Premià de Mar (Maresme) y la aparición de un audio en el que seis policías en Sant Feliu Sasserra (Bages) humillan a un ciudadano negro con graves insultos racistas y vejaciones. Son situaciones muy dispares y ambas inaceptables. Mientras que la situación del Maresme estalla después de meses de convivencia conflictiva, la actuación de los mossos destila una violencia institucional intolerable. 

Hasta 50 personas participaron en el asalto al piso de Premià de Mar. Se lanzaron piedras contra el balcón y algunos atacantes lograron trepar por la fachada principal y entrar en el inmueble. Uno de los jóvenes migrantes resultó herido. Fue necesario un importante despliegue policial para detener el altercado. Detrás de ese ataque está un ánimo justiciero y populista alentado por las redes sociales, pero también la degeneración de una situación de indefensión de los vecinos que nunca debió producirse. 

En los últimos cuatro años, varios jóvenes migrantes han pasado por ese piso de Premià de Mar. Los vecinos señalan la agresividad de los últimos. Las peleas entre ellos y las amenazas al resto de los residentes de la escalera eran habituales. Según fuentes policiales, hay una minoría de jóvenes migrantes extutelados de la Generalitat que han optado por reunirse en grupos, ocupar viviendas y sobrevivir con la delincuencia. En el fondo del problema, el círculo vicioso de la exclusión. Si no hay papeles, no hay permiso de trabajo. Sin trabajo, no hay papeles. Tampoco posibilidad de acceso al mercado de alquiler.

Al fin, los ocupantes del piso atacado han sido trasladados a otro lugar. Y lo que resulta necesario para su protección acaba siendo demoledor para la convivencia. Que las patrullas ciudadanas consigan hacer efectivas las demandas de los vecinos quiebra la confianza en la legalidad y las instituciones, añade capas de violencia al problema y desdibuja las fronteras entre víctimas y culpables. Uno y otro papel puede ser encarnado por la misma persona. 

En el corazón de la cuestión está la necesidad de conformar unas leyes que permitan vivir con dignidad a las personas que solo quieren trabajar y labrarse un futuro. Así como incluir la reincidencia de hurtos y robos en la reforma penal. Las agresiones generan un lógico hartazgo y temor en la ciudadanía. Ante el conflicto, el reduccionismo populista encuentra su caldo de cultivo. Las patrullas vecinales son una reacción que solo agrava el conflicto, sitúa a la ciudadanía en una lógica represora impropia y provoca dinámicas que discriminan a colectivos enteros. El comportamiento de unos migrantes en concreto no puede criminalizar a otros migrantes. 

El caso del joven negro que pudo grabar los insultos racistas que sufrió por parte de seis mossos en el 2019 sitúa la violencia racista en el plano institucional. No solo es inaceptable porque la ejerce una policía que está para servir al conjunto de la sociedad, sino porque delata una dinámica arbitraria que, de facto, niega los derechos ciudadanos a una persona solo por el color de su piel. El comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, ha enviado una carta a todos los agentes del cuerpo subrayando que no se tolerará «ninguna actitud xenófoba o discriminatoria». Pero lo cierto es que hace más de un año que los Mossos e Interior sabían de la denuncia y los agentes seguían en sus puestos. 

La xenofobia debe ser combatida en todas y cada una de sus expresiones. En el caso de la violencia policial, con redoblados esfuerzos. Es necesario dilucidar si el caso del Bages es un hecho aislado o delata un racismo sistémico.

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