Elecciones ante un Govern dividido

Los dos partidos que integran el Govern de la Generalitat llevan meses discrepando en casi todos los asuntos que deben abordar, una división que se ha acentuado en los últimos días, coincidiendo con la fecha fijada por el Tribunal Supremo, el próximo 17 de septiembre, para examinar el recurso contra la inhabilitación de Quim Torra por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Como la confirmación de la inhabilitación es muy probable, si Torra no convoca antes las elecciones, será el alto tribunal quien las convoque de hecho con su sentencia, ya que se da por descontado que no hay tiempo para intentar que otro candidato de Junts per Catalunya (JxCat) se someta a la investidura y tampoco es previsible que el actual ‘president’ se enroque y se niegue a aceptar la decisión judicial.

Por eso, lo más lógico sería que, conocida ya la fecha de la vista, Torra prepare la convocatoria electoral, a la que se niega ahora después de que el 29 de enero dijera públicamente que la legislatura estaba agotada y acusara a ERC de deslealtad. La excusa para no ir a las urnas es la lucha contra el coronavirus, pero los ejemplos de Galicia y Euskadi demuestran que se puede votar –ambas autonomías lo harán el 12 de julio– y más en la fase de la llamada 'nueva normalidad'. ERC lleva tiempo pidiendo la convocatoria electoral y deslizando que si Torra no convoca no se debe al covid-19, sino a que JxCat aún no tiene ni candidato, es decir, a razones partidistas. El PSC también ha reclamado la convocatoria electoral ante la necesidad de tener un Gobierno cohesionado para abordar la reconstrucción tras la pandemia. 

Mientras tanto, el Govern vive en una agonía prolongada en la que cada día aparecen más divergencias entre los socios. Una de ellas es la actitud ante el suplicatorio solicitado por el Supremo para poder procesar y juzgar a la portavoz de JxCat en el Congreso, <strong>Laura Borràs</strong>, por cuatro delitos –fraude a la Administración, malversación, prevaricación y falsedad documental– presuntamente cometidos al conceder a un amigo 18 contratos, troceados para evitar el concurso público, por un valor total de 260.000 euros, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. Al no tratarse de ninguna cuestión política, lo normal es la concesión del suplicatorio, pero el caso ha desencadenado un enfrentamiento entre ERC, que aún no ha decidido su voto, y JxCat, que reprocha a los republicanos, si votan a favor, dejar a Borràs en manos de un tribunal en el que no tendrá un «juicio justo».

El caso del suplicatorio es solo uno de los terrenos de la confrontación, pero hay muchos más: el apoyo de ERC a la sexta prórroga del estado de alarma, que Torra dijo que no vinculaba al Govern; el contrato del Departament de Salut (ERC) a la empresa Ferrovial para el seguimiento de los contagios de coronavirus; el plan de ayuda a la automoción que habría vetado el Departament d’Economia (ERC) tras una propuesta del Departament d’Empresa (JxCat); la elaboración de un nuevo presupuesto de la Generalitat para el 2021 o la reforma del actual, que ha quedado desfasado por la pandemia; las divergencias entre los dos partidos sobre cómo se han de invertir los fondos europeos Feder, e incluso las críticas del portavoz de ERC, Sergi Sabrià, a Interior por el ascenso del inspector de los Mossos d’Esquadra condenado por el desalojo de la plaza de Catalunya durante el 15-M.

Además de estos incidentes de recorrido, lo más grave es la desconfianza creciente entre los socios del Govern, que se traduce en una batalla ideológica cada vez más evidente. Las políticas de pactos en Madrid es uno de los ámbitos en los que las divergencias entre las dos formaciones catalanas han sido más notorias. Por todo ello, está claro que prolongar la legislatura no lleva a ninguna parte y que las elecciones son cada vez más urgentes.

Suscríbete para seguir leyendo