24 oct 2020

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Tolerancia cero contra las irregularidades

La anticorrupción republicana

ANTHONY GARNER

La anticorrupción republicana

Joan Tardà

En la votación en el Congreso del suplicatorio de Borràs por presunta prevaricación, nadie puede pretender que ERC baje el listón del rasero en la calidad y la honestidad democráticas que decidió colocar bien alto

Transcurridos unos días desde que la policía detuvo a dos concejales de L'Hospitalet por presuntos delitos de malversación en el Consell Esportiu de la ciudad, ni la alcaldesa Núria Marín ni la dirección del PSC han comunicado cómo han encarado el asunto. En paralelo la secretaria general adjunta de Esquerra, Marta Vilalta, les reclamaba públicamente transparencia y tolerancia cero.

Hay quien puede interpretar de manera interesada que las manifestaciones republicanas tenían como objetivo sacar un provecho propagandístico, atendiendo a que los afectados pertenecen a una organización política con la que se mantiene una legítima competencia. En todo caso, que el imaginario popular tenga asumido como normal que las opciones políticas contrincantes intentan erosionarse criticando los errores políticos o la mala gestión no quita que con respecto a la corrupción habría que ser muy rigurosos por una doble constatación que la hace singular. Ha sido y es el enemigo uno del sistema democrático y, por otra parte, no todas las fuerzas políticas presentan la misma trayectoria a la hora de combatirla.

Los dos grandes partidos políticos hegemónicos en la Catalunya autonómica (CiU y PSC), justamente porque desplegaron una cultura de poder al haberlo ejercido de forma continuada a lo largo de cuatro décadas, acumularon instrucciones, procesos y sentencias judiciales por financiación fraudulenta y acciones ilegales relacionadas con la gestión de los bienes públicos. Una verdad tan objetiva como ciertas fueron por impactantes las perpetradas por los representantes de los nacionalistas, que a menudo confundieron la patria con el patrimonio. En todo caso, el reparto del poder acaparado de manera abrumadora por las dos formaciones tendían a una perpetua neutralización a modo de oasis-estercolero catalán en que las prácticas irregulares campaban. Filesa, Pretoria, Palau, 3%, Antoni Vives, Torredembarra, familia Pujol... hasta componer un largo listado de palabras que nos remiten a la ignominia.
El republicanismo, como doctrina política con voluntad de romper el statu quo autonomista, solo podía sembrar voluntad emergente si aspiraba a recoger en el futuro el fruto de la derrota de la corrupción y sobresalir en la regeneración del sistema, lo que explica el victorioso grito carodiano de "mans netes" con el que irrumpió en el 2003 en clara referencia a quien no las podía enseñar por el riesgo que se viera la suciedad acumulada.

Trayectoria implacable

Y de las proclamas a los hechos. Ausencia de casos de corrupción protagonizados por administradores públicos de afiliación republicana y actuación contundente en el caso de que sucediera alguno ocasional. Esta trayectoria implacable es la que avala y hace creíbles las exigencias de Marta Vilalta antes mencionadas.

Y para muestra, el 'caso Ausàs'. En el año 2012 el 'exconseller' de Governació Jordi Ausàs fue detenido por la Guardia Civil acusado de haber llevado a cabo actos de contrabando de escasas cantidades de tabaco. Inmediatamente, la secretaria general, Marta Rovira, después de una reunión de la comisión permanente en la que participé, anunció que se le suspendía de militancia. Tengo presente el dolor emocional vivido. Por razón de la valía política y humana del compañero Ausàs y por la singularidad del hecho, ya que no nos había pasado nunca.

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Esquerra Republicana había decidido poner el listón muy alto en la lucha contra comportamientos irregulares. De hecho, el orgullo con que el republicanismo ha ido forjando una práctica política de impoluta transparencia y honestidad se pone en evidencia aún ahora cuando, en todo tipo de debates políticos, a la hora de encarar la cuestión de la corrupción, los adversarios se ven obligados a ir a parar al 'caso Ausàs' para echar en cara un caso relacionado con una acción ilegal, por otra parte no cometido en ejercicio de una función pública.

Como el asunto de L'Hospitalet ha coincidido con el intenso debate público sobre qué harán los partidos independentistas en la votación en el Congreso del suplicatorio de la diputada Laura Borràs por presunta prevaricación, convendréis que los tiempos ya han cambiado lo suficiente como para que nadie pueda pretender bajar el listón del rasero en la calidad y la honestidad democráticas que en una batalla gigantesca se decidió colocar bien alto.

En conclusión, si los concejales socialistas de L'Hospitalet o la diputada nacionalista del Congreso hubieran sido miembros del partido republicano, ya habrían dimitido y habrían sido suspendidos de militancia hasta el esclarecimiento de los hechos.

Aquí radica la coherencia de Esquerra. La de antes y la de hoy.