Dejen a la justicia en paz

Los políticos han decidido desde hace tiempo utilizar la justicia como arma de lucha política. En EEUU es hasta sencillo. Jueces y fiscales suelen tener vinculaciones políticas evidentes y los partidos intentan apoyarse en ellos para conseguir destrozar a un rival político. Solo salva el sistema la honorabilidad y consciencia de su posición de no pocos fiscales y jueces. Por muy ideologizado que esté un juez, no debe olvidar jamás que debe representar con neutralidad y dignidad un poder del Estado y no cualquiera: el único que debe ser totalmente independiente y que tiene mejor formación jurídica.

Por ello deben observar siempre una seriedad y eficiencia en el fondo y en la forma, y no entrar de ningún modo en la lucha política. Tampoco con el anonimato de las redes sociales diciendo barbaridades. ¿Qué imagen le queda de la Justicia a un ciudadano cuando observa a un juez en una sala de justicia, en los medios de comunicación o incluso en Twitter perdiendo las formas? No es que deban ser envarados o encorsetados, todo lo contrario. Con una imagen natural pero amable y seria, sin concesiones, deben ejercer su función y hablar solamente, a ser posible, a través de las actuaciones propias de su función.

Sin embargo, hace tiempo que esto no es así. Algunos jueces anónimos están descubriendo en las redes unas formas inapropiadas y una tendencia fanática que, honestamente, asusta si uno se para a pensar en manos de quién estamos. Suerte que son, se diga lo que se diga, una minoría. Pero es que algunos políticos tampoco colaboran en la independencia de la justicia, porque no les dejan en paz. Les ofrecen demasiadas veces expectativas de cargos en el Gobierno o de ascensos instrumentalizados a través de los órganos de gobierno del poder judicial, que siempre en democracia han procurado politizar. Lo sucedido en el Consejo General del Poder Judicial en estas décadas de democracia, salvando a algunos vocales, debería hacer reflexionar muy seriamente sobre la persistencia en un modelo que ya está más que demostrado que no sirve a la independencia de la Justicia, sino más bien a todo lo contrario.

¿Hasta cuándo tendremos que leer en los periódicos que cada vocal del Consejo es del PP o del PSOE? ¿Cuánto tiempo tendremos que seguir aguantando exactamente el mismo comentario con respecto a los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, o de la Audiencia Nacional o de otros tribunales? Por cierto, la culpa no es de los medios de comunicación, sino de quien realiza entre bambalinas maniobras de todo tipo para resolver a su favor los nombramientos, y que la prensa, por fortuna, en una democracia va denunciando, aunque por desgracia con escaso impacto.

Con este panorama no es extraño que algunos políticos utilicen a la Justicia para zaherir al rival. Hubo una época larguísima en el tiempo en que los políticos no denunciaban los asuntos de corrupción, sino que robaban todos juntos y en silencio, utilizando aquella castiza afirmación de que los bomberos no se pisan la manguera entre sí. Ahora algunos hacen todo lo contrario, y hasta intentan crear causas artificiales yendo a buscar a los jueces afines o tratando de que lo sean con diversas promesas como las antes indicadas.

Debo decir que la enorme mayoría de jueces y fiscales no se prestan a esos cambalaches. Existen no pocos profesionales de la justicia que rechazan todo ofrecimiento, pero precisamente por su silencio, discreción y buen hacer nunca son noticia. Quedan ensombrecidos por los que se comportan más como malos políticos que como jueces, creándose un ambiente muy enrarecido que es incompatible con el buen funcionamiento de la democracia.

Siendo realistas, es casi imposible que absolutamente todos los jueces se comporten con integridad ni que algunos políticos, cada vez más irresponsables, dejen de utilizar el juguete que ya conocen para recuperar o retener el poder como sea. Por eso hay que adoptar medidas de prevención.

La primera es crear la incompatibilidad absoluta de jueces y fiscales con cargos pasados, presentes o futuros en otro poder del Estado. La segunda es la reforma en profundidad del sistema de gobierno del poder judicial. Y la tercera es la modificación completa del sistema de acceso a la carrera judicial. El actual lo fía todo a una preparación casi clandestina de un test inicial y exámenes orales solo memorísticos, con el opositor hablando a velocidad de vértigo y que se pasan ante un tribunal que decide sin motivar. Ese sistema no se presta ni a la transparencia de la evaluación ni a la auténtica valoración de la excelencia.

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