22 sep 2020

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Datos y confianza

La ’consellera’ de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, en una rueda de prensa.

MARC BATALLER

La obsesión por llevar la contraria

Joaquim Coll

El desbarajuste descomunal sobre las cifras de fallecidos en Catalunya acaba suscitando serias dudas sobre el control de la pandemia

Cuando a la voluntad de contar diferente solo con la finalidad de desmarcarse del Gobierno español se añade una gestión deficiente de los datos por parte del Govern de la Generalitat, el resultado es un desbarajuste descomunal que acaba suscitando serias dudas sobre el control de la pandemia. El viernes pasado, el director de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que a lo largo de todos estos meses se ha caracterizado en sus intervenciones por una exquisita mano izquierda y paciencia, sorprendió a todos mostrando su profunda “preocupación” por las “incongruencias” en las cifras que trasmiten a diario las autoridades catalanas.  Ese día, notificaron 635 fallecimientos de golpe. “Vamos a tener que estar muy pendientes de lo que sucede porque no es baladí que no podamos saber qué está pasando ahora mismo en Catalunya”. Y añadió que, “si no se soluciona este problema en los próximos días, al nivel más alto tendrán que tener las discusiones y las negociaciones necesarias para garantizar la seguridad no solo de todos los catalanes, sino de todos los españoles". 

Simón evidenciaba así lo que hacia semanas venía ocurriendo con los datos de Catalunya, desde una fluctuación excesiva en el número de muertos y nuevos contagios hasta una falta de información en cuanto a nuevas hospitalizaciones e ingresos en ucis. Es cierto que todas las autonomías han tenido dificultades en recopilar la información, sobre todo al principio de la pandemia, y que están sometiendo sus series históricas a una permanente revisión. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid traslada con retraso a Sanidad datos de nuevos contagios y después actualiza sus cifras, lo que se ha interpretado como un intento por aparentar una evolución más favorable con el objetivo político de avanzar más rápido en la desescalada. Pero el desbarajuste catalán no tiene parangón. Lo paradójico no es que haya por parte de la consejera Alba Vergés una voluntad de esconder las cifras reales, sino que el caos se genera a partir de la obsesión inicial de llevar la contraria al Ministerio de Sanidad. 

Quim Torra impuso a mediados de abril una forma de contar diferente, haciendo un alarde de transparencia frente a la opción metodológica más estricta elegida por el ministerio que dirige Salvador Illa. Desde entonces, el Govern utiliza datos de las funerarias y acepta como contagios confirmados no solo las pruebas PCR positivas (que son las únicas que valida Sanidad), sino todas las que aún dando un resultado dudoso, el paciente tiene síntomas compatibles con la infección. Igualmente contabiliza los fallecimientos que han dado positivo en un test rápido y hasta hace poco también las muertes que un médico forense había certificado como “posible Covid-19”. De esta forma, las muertes en Catalunya se elevarían, según la Generalitat, a cerca de 12.000 (más del doble que las oficiales de Sanidad) y los contagios superarían los 226.000 (cuatro veces más). 

A todas luces se trata de un despropósito que lo único que ha creado es más confusión. Aun siendo cierto que al principio de la pandemia hubo un exceso de muertes, sobre todo en las residencias de ancianos, que por falta de PCR no aparecen en las cifras oficiales, y que ese hecho tendrá que ser evaluado en algún momento, lo que no tiene sentido es romper una serie estadística que permite observar con rigor la evolución de la epidemia. En su obsesión por desmarcarse del Gobierno de España, Torra ha creado un lío monumental en las áreas sanitarias que tienen que recabar distintas fuentes de información, generando posiblemente duplicidades y errores. Aunque Vergés afirmase en su réplica a Simón que “solo el Govern conoce lo que sucede en Catalunya”, lo cierto es que los datos que suministran a la ciudadanía no son muy fiables. El sistema sanitario catalán tiene desde hace muchas semanas los recursos necesarios para hacer pruebas PCR a cualquier caso sospechoso e informar así con el máximo rigor metodológico en lugar de contar diferente. 

Esa obsesión por llevar la contraria se ha trasladado también a la unidad territorial de la desescalada. El Govern rechazó las provincias y apostó por unas regiones sanitarias que nadie conocía. En el caso de la región metropolitana la subdividió en tres áreas, formando Barcelona ciudad un enclave que en la fase 1 ha quedado aislado del resto, también de L’Hospitalet, con lo que sobre el papel los residentes en la capital no pueden salir ni el resto entrar. Un caso único en España. Los alcaldes metropolitanos exigen que se ponga fin a este otro despropósito del nacionalismo.