28 sep 2020

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Editorial

'Hibernación' para evitar el colapso

El Gobierno ha querido minimizar los costes, pero las repercusiones económicas del parón serán enormes

El Periódico

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en el Palacio de la Moncloa.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en el Palacio de la Moncloa. / EFE

A partir de este lunes y hasta el 9 de abril, España quedará paralizada, salvo los servicios esenciales, según el real decreto que aprobó este domingo un Consejo de Ministros extraordinario. El decreto resuelve una de las incógnitas que quedaban tras el primer anuncio del parón: el teletrabajo. Quienes ya lo estén aplicando podrán seguir, en buena lógica, trabajando desde el domicilio y las nuevas medidas tampoco afectarán a los trabajadores sometidos a un expediente de regulación temporal de empleo (erte) ni a los que se encuentren en baja por enfermedad, maternidad o paternidad. No se trata de una paralización total, sino de lo que la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha definido como una “hibernación” de la economía, que será de ocho días laborables, ya que en el periodo de parón están incluidos los días festivos de Semana Santa.

El Gobierno ha querido de esta forma minimizar los costes, pero, aun así, las repercusiones económicas del parón serán enormes y la verdadera dificultad se planteará cuando haya que reanudar la actividad de las empresas paralizadas y se compruebe si la inyección de liquidez y el aval del 80% de los créditos por el Gobierno son suficientes para volver a la normalidad. El decreto, que afecta sobre todo a la industria y la construcción, prevé una lista de excepciones, hasta 40, concernientes a los sectores que suministran productos y servicios a las actividades ya definidas como esenciales en el decreto sobre el estado de alarma, y su adopción se justifica para impedir el colapso del sistema sanitario, sobre todo de las unidades de cuidados intensivos (uci), lo que incrementaría el número de muertes.

Ante la disyuntiva de seguir con el confinamiento vigente o endurecerlo, como le pedían Catalunya y otras comunidades y Podemos, el Gobierno ha optado por tomar una decisión a la que se había resistido hasta ahora por las presiones de los ministerios económicos y de los empresarios. De ahí la reacción contraria de estos últimos. Se entiende menos la oposición de algunas comunidades autónomas, distintas de las que pedían mayor confinamiento. País Vasco y Galicia se han alineado con los opositores al nuevo decreto. La primera comunidad porque quiere decidir qué empresas cierra, y Galicia porque prefiere un cierre más “ordenado”.

Todo ello no hace más que mostrar la complejidad de las decisiones que el Gobierno debe tomar, muchas veces precipitadamente, con errores de gestión y rectificando sobre la marcha. Pero ahora la Generalitat, que era la institución que con mayor énfasis había reclamado el endurecimiento, acepta las nuevas medidas sin reproches sobre el mando único que el Gobierno sigue defendiendo. En lo que Pedro Sánchez tampoco ha cedido es en la demanda de que se apliquen restricciones diversas en función de las diversas comunidades. Esa diferenciación no haría sino incrementar el caos que una situación tan complicada puede crear. Lo esencial es que no se rompa la unidad y que todas las instituciones trabajen juntas para intentar superar la pandemia del coronavirus.