Protección para empresas estratégicas

En la gestión de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus vamos a ver muchas decisiones atípicas, tanto por parte de los gobiernos y de las instituciones como por parte de las empresas. A grandes males, se impondrán grandes remedios. Desde el inicio de esta emergencia sanitaria, las principales empresas del índice español, el Ibex-35 han perdido el 30% de su valor cotizado. Ello las hace especialmente atractivas para los denominados 'fondos buitre' que, gracias a su enorme liquidez, pueden intentar todo tipo de operaciones especulativas. Esta última semana se han detectado algunos de estos movimientos sobre empresas como Repsol o Telefónica. Está claro que no estamos ante un episodio propio de la dinámica de las leyes del mercado sino ante un intento de aprovechamiento de la debilidad de la economía española provocado por la declaración del estado de alarma.

Ante esta situación se han tomado dos medidas excepcionales. La primera por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, como ya hizo en los momentos más duros de la crisis de la deuda española, ha prohibido las operaciones llamadas a corto que buscan sacar rendimiento de los vaivenes de las cotizaciones en las que no siempre se mueven por la ley de la oferta y la demanda sino por la acción de quienes disponen de liquidez para forzar bajadas y subidas artificiales de los precios de las acciones. Pero aún más excepcional ha resultado otra medida incluida por el Gobierno en el decreto de medidas económicas contra el covid-19. En este caso se prohíbe que inversores de fuera de la Unión Europea tomen participaciones superiores al 10% del capital de empresas de sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones o los medios de comunicación. Esta acción de oro impide la entrada de capital norteamericano o chino. Aunque no se sabe si se ha intentado poner un cortafuegos a alguna operación en marcha o se ha actuado de manera preventiva, lo cierto es que la medida está plenamente justificada para proteger el control de determinados suministros esenciales y, también, los intereses de muchos accionistas.