26 oct 2020

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Desde Madrid

Felipe VI y el rey emérito Juan Carlos. 

EFE Ballesteros

La Corona, en riesgo

José Antonio Zarzalejos

El Rey debe dar un paso más y retirar la sombra de su padre por completo -estaría indicado el autoexilio- y, si el caso fuere, facilitar que se depuren responsabilidades penales ante la Sala Segunda del Supremo

La nota de la Casa del Rey difundida este domingo lanza graves acusaciones al rey emérito, comunica que Felipe VI renuncia, por sí y por su hija la princesa de Asturias, a la herencia de Juan Carlos I, y da cuenta de que el jefe del Estado retira la asignación anual a su padre que alcanzaba los 194.000 euros. Se trata de la caída absoluta e irreversible de la reputación del rey emérito, extrañamente empeñado, por frivolidad y prepotencia, en destrozar todos los activos que reunió su gestión desde 1975 hasta los primeros años de este siglo.

Se pensó -el primero, su propio hijo- que la abdicación del rey fundacional de la democracia (junio de 2014) sería un cortafuegos suficiente para proteger la Corona del descrédito en la que le había sumido Juan Carlos I a través de un comportamiento personal, familiar y  también financiero, fuera de cualquier registro de admisibilidad en el ejercicio de máxima magistratura del Estado. La implementación por Felipe VI de otras medidas (reducir la dimensión de la Familia Real y suprimir la agenda pública de su padre, entre otras) trataban de achicar la larga sombra de las conductas del emérito que se enlazaban con las de su yerno y con la tozudez de la infanta Cristina que sigue sin renunciar, por simbólico que sea, a los derechos sucesorios.

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La nota de la Casa del Rey es lacerante para Juan Carlos I, le compromete presuntamente en responsabilidades penales y quiebra la relación entre padre e hijo, que en una institución familiar no es asunto menor. Pero lo esencial: un número importante de diputados y senadores representan hoy en las Cortes Generales a fuerzas políticas que cuestionan la monarquía parlamentaria. Aducen su carácter no democrático -lo que es discutible porque se ratificó en la Constitución- e impugnan su funcionalidad. La Corona es una institución indefensa que depende de la ayuda y soporte social, institucional y político. Y no es del gusto, en absoluto, de una gran parte de izquierda, del nacionalismo y el independentismo, que observan en ella un legado que el franquismo habría depositado en los intersticios del sistema.

El pacto constitucional de 1978 se fundamentó en tres pilares: la monarquía parlamentaria; la descentralización del Estado autonómico (autogobierno de nacionalidades y regiones) y en un amplio elenco de derechos y libertades. Efectivamente, la Corona trae causa de la designación por Franco en 1969 de Juan Carlos I como su sucesor en aplicación de una ley refrendada en 1947. Pero los méritos de naturaleza democrática de Juan Carlos I y de su hijo Felipe VI añadieron una legitimación de ejercicio que el rey emérito está destrozando con una frivolidad extraordinaria.

Las medidas que ha tomado el Rey son estimables pero no suficientes para anclar la Corona en el imaginario colectivo español. Debe dar un paso más y retirar la sombra de su padre por completo -estaría indicado el autoexilio- y, si el caso fuere, facilitar que se depuren responsabilidades penales ante la Sala Segunda del Supremo. Este asunto tiene mal paliativo y la Casa del Rey y el Gobierno tendrán que establecer un plan de contingencia si no queremos que un elemento decisivo del modelo constitucional quiebre. Porque si lo hace, el efecto será sistémico.