Acceso a la escuela y derecho a la educación

Hace menos de un año que el p<strong>acto contra la segregación escolar</strong>, promovido por el Síndic de Greuges, consiguió el aval de amplios sectores políticos y educativos de Catalunya. La primera concreción sustantiva de dicho pacto se ha hecho pública con la publicación del borrador del nuevo decreto de admisión de alumnos.

La oposición a la propuesta de decreto no se ha hecho esperar, pero sorprende por dos motivos. En primer lugar, por la existencia de un pacto previo y porque el decreto es resultado de meses de trabajo, en los que han participado la Administración pública, representantes de toda la comunidad educativa y expertos en educación. En segundo lugar, porque algunos representantes de la escuela concertada (familias y patronal) y de la escuela pública (FAPAC y USTEC) se oponen con argumentos antagónicos.

La escuela concertada critica las modificaciones en la programación de la oferta, que otorga al Departament d'Educació la capacidad de planificar de forma anticipada plazas escolares y no hacerlo únicamente como respuesta al comportamiento de la demanda. Este es un aspecto imprescindible en un sistema como el nuestro que permite una amplia libertad de elección. Si no se programan las plazas de antemano ni se ajustan a criterios demográficos y de necesidad social, la demanda educativa traduce la elección en segregación escolar. El decreto no busca eliminar la capacidad de elección, sino que establece mecanismos para reducir su impacto en las oportunidades educativas del conjunto del alumnado. Controlar el exceso de oferta (tanto pública como concertada) a través de una programación ajustada a la realidad de cada nuevo curso y territorio, y establecer criterios objetivos para la apertura o cierre de plazas escolares es clave si se busca una escolarización equilibrada socialmente (un principio tan constitucional como la libertad de enseñanza, que no de elección).

Garantizar la equidad

Otro punto de oposición de la concertada es la distribución del alumnado más vulnerable. El decreto dirige esfuerzos a la mejora de la identificación y distribución del alumnado con necesidades educativas (especialmente socioeconómicas). Su concentración en determinados centros públicos es uno de los principales escollos del sistema educativo para garantizar la equidad. Los representantes de la escuela concertada critican la ausencia de financiación para la atención a la diversidad, que según ellos “provocará un sobrecoste que deben sufragar los padres, o la asfixia económica de la escuela”. Efectivamente, la infrafinanciación del sistema educativo es significativa (también en el sector público), pero supeditar la escolarización de alumnado vulnerable a su incapacidad de pago supone reconocer abiertamente su exclusión económica. Es más, el ‘sobrecoste’ referido no es siempre para cubrir necesidades de escolarización, sino para dar respuesta en muchas escuelas a una oferta singular (sexta hora, servicios complementarios) cuyos costes se traducen en barreras de acceso para los sectores más vulnerables y en su mayor concentración en la red pública.

Un paso largamente esperado

Por otra parte, la resistencia de FAPAC al decreto es especialmente preocupante. Sus objetivos maximalistas de eliminación de los conciertos económicos y su errónea interpretación del problema de la segregación como fenómeno exclusivamente vinculado a la doble red, le impiden ver los avances que aporta el decreto para luchar contra la segregación. Defender la educación pública es por supuesto necesario, pero pensar que si la escuela fuese toda pública y no existiera libertad de elección se acabaría la segregación es cuando menos ingenuo. No son pocos los países con más de un 90% de red pública y sin elección escolar que tienen niveles elevados de segregación.

El derecho a la educación se garantiza asegurando las mismas condiciones de escolarización para todo el alumnado y no por la vía de satisfacer los deseos de las familias. El decreto parte de este planteamiento. Sin duda es todavía insuficiente, sobre todo por lo que respecta a la financiación, pero es un paso que llevamos demasiado tiempo esperando. Resulta difícil oponerse a él y defender el derecho a la educación al mismo tiempo.