30 mar 2020

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La inhabilitación

El presidente del Parlament, Roger Torrent, y el ’president’, Quim Torra, en una reunión en el Palau de la Generalitat.

RICARD CUGAT

Cuándo luchar y cuándo no

José Luis Martí

¿Libra Torra esta batalla perdida contra lo que los independentistas llaman "el Estado" o contra ERC y el 'president' del Parlament?

"Triunfan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no". Este es uno de los célebres consejos que nos legó el gran estratega de la antigüedad china Sun Tzu en 'El arte de la guerra', uno de los clásicos más importantes de la negociación y la estrategia, escrito probablemente en el siglo VI ac, y que todavía hoy seguimos explicando en las facultades de derecho y escuelas de negocios de todo el mundo. Esto es algo que aquellos que pretendan gestionar o resolver conflictos de cualquier naturaleza nunca deberían olvidar. En efecto, un error demasiado común y con consecuencias a menudo funestas en conflictos políticos, laborales, comerciales, y de todo tipo, es precisamente el de no saber elegir bien las batallas que hay que librar.

Esto viene a cuento de lo sucedido en el Parlament con la pérdida de la condición de diputado del 'president' Torra, instada por el secretario general de la Cámara en cumplimiento de la instrucción de la Junta Electoral Central, avalada también por el auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Como explicó el 'president' del Parlament Roger Torrent, la Mesa tuvo que conciliar dos intereses diferentes: la defensa de la presidencia de Torra y el interés de la Cámara en proteger la validez de los acuerdos que se tomen a partir de ahora. JxCat, en cambio, intentó durante la mañana presentar una instancia en la Mesa para impedirlo, aunque la cuestión no llegó ni a discutirse gracias al bloqueo del resto de partidos. El 'president' Torra, en su intervención en el pleno, avisó que no aceptaba la pérdida de su acta de diputado y solicitaba el amparo del Parlament.

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¿Cómo podemos entender lo sucedido? Desde un punto de vista estrictamente jurídico, hay que admitir que los juristas no nos ponemos de acuerdo sobre si la JEC era competente para ordenar la retirada de un acta de diputado. Algunos de los propios miembros de la Junta votaron en contra de la decisión mayoritaria en un voto particular. Por otra parte, somos muchos, entre ellos la fiscalía del Estado, los que hemos defendido que el Supremo debía haber concedido la medida cautelar de suspensión de la decisión de la JEC mientras no resolviera la causa, puesto que el daño que se produce sobre Torra al privarle de sus derechos de diputado es irreparable, y no existe urgencia ni necesidad de mantener la efectividad de dicha decisión.

Dicho esto, el auto dictado por el Tribunal Supremo día 23 deja poco lugar para las dudas. En primer lugar, no concede la medida cautelar solicitada por Torra. Segundo, afirma con total contundencia que la JEC era competente para dictar la decisión que tomó, en la que, recordemos, se aplicaba el artículo 6.2.b de la LOREG en relación con la condena penal -no firme- dictada previamente por el TSJC. Tercero, el TS manifiesta no albergar ninguna duda sobre la constitucionalidad de dicho artículo 6.2.b, y por lo tanto se niega a elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Y cuarto, el TS advierte que de todos modos la sentencia que resolverá el recurso presentado no va a tardar mucho en llegar. Nadie duda de que esa sentencia refrendará la decisión de la JEC, y por lo tanto la pérdida de la condición de diputado por parte de Torra es tarde o temprano inevitable.

Esta decisión del Supremo es a mi juicio errónea desde un punto de vista jurídico, y lo es por diversas razones en las que no voy a entrar ahora. Pero es muy clara. Y como toda decisión judicial en un Estado de derecho, debe cumplirse. Es más, aunque la decisión sea errónea tomada en este momento, no hace sino anticipar (parcialmente) un resultado que va a llegar con toda probabilidad en cualquier escenario posible. Pocos confían en que la Sala Segunda del TS no confirme la sentencia penal condenatoria sobre Torra, y convierta en firme su inhabilitación.

Siendo esto así, ¿por qué librar esta batalla intentando forzar una nueva desobediencia institucional? Y ¿por qué hacerlo, sobre todo, teniendo en cuenta que lo único que pierde Torra es su condición de diputado, pero no necesariamente -todavía- la de 'president' de la Generalitat, pues ahí la ley sí permite un margen interpretativo para entender que una cosa no implica la otra? ¿Por qué luchar y desgastarse en una batalla que está irremediablemente perdida, si además no afecta ninguna posición importante? ¿Se trata de un burdo error de estrategia? ¿O es que, tal vez, esta batalla no la pretende librar Torra contra lo que los independentistas llaman "el Estado", sino contra ERC y el 'president' del Parlament Roger Torrent? ¿No será que las elecciones catalanas son inminentes y algunos se están preparando para la gran batalla electoral a muerte que se producirá dentro del independentismo?