¡Feliz 1980!
Trabajadoras vascas denuncian que sus condiciones laborales son como hace 40 años. PSOE y Unidas Podemos se proponen derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral pero hay otros que conviene salvar
Rosa María Sánchez
Redactora jefe
Premio Carlos Humanes de Periodismo Económico 2020. Máster Universitario en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense, en 2023. Profesora en el Título de Postgrado Especialista en Información Económica de la Universidad Nebrija. Colaboradora en RNE.
Rosa María Sánchez
Se solía decir en los 90 que la economía española solo era capaz de crear empleo cuando crecía por encima del 2%.
Un reciente estudio del Banco de España (incorporado en su último boletín trimestral) da por superada esa maldición. Concluye que en la actualidad la economía española empieza a crear empleo aun creciendo algo por debajo del 1%.
Se podría llegar a la conclusión fácil de que este mejor comportamiento del empleo es consecuencia de la reforma laboral del 2012. Pero ni siquiera el Banco de España, partidario de no revertirla, se atreve a asegurlo.
Dice que el mayor dinamismo del empleo puede estar relacionado con la intensidad y composición de la actual fase de crecimiento económico y con la intensa destrucción de empleo que se produjo durante la crisis.
Además el nuevo umbral (algo por debajo del 1%) no está tan lejos del que, según el Banco de España, rigió durante el anterior ciclo alcista, entre 1995 y 2008 (algo por encima encima del 1%).
Si no existen evidencias de que la reforma laboral haya servido para crear empleo y además ha ahondado en la precariedad de los contratos y en la devaluación salarial cabe cuestionarse su utilidad. Hay, además, otros aspectos como el posible despido de un trabajador por acumulación de bajas médicas justificadas que muestran su peor cara.
El propio Banco de España viene a subrayar que la principal virtualidad de la reforma laboral fue la de introducir mecanismos para evitar que otro tsunami recesivo como el que arrasó la economía española durante seis años (del 2008 al 2014) se vuelva a saldar con la destrucción de casi cuatro millones de empleos (el 20% del total). Para ello, se favorece que las empresas puedan pactar bajar sueldos y cambiar condiciones laborales con el fin de facilitar la travesía de futuras recesiones con la menor pérdida de empleos.
Esa flexibilidad es la parte buena que trajo la reforma del 2012 y lo que se debería salvar si el gobierno de coalición que persiguen PSOE y Unidas Podemos sale adelante y se ponen manos a la obra para derogar sus aspectos más lesivos.
El problema es cuando esos mecanismos se enquistan y perpetúan más allá de los momentos dificultosos. El repunte en el 2019 de los descuelgues de empresas de los convenios colectivos para mermar salarios y la espiral de precariedad apuntan que eso puede estar pasando.
Enmendar posibles abusos de un mecanismo, en principio, conveniente para los propios empleados requiere devolver poder de negociación a los trabajadores. De lo contrario puede pasar como ya les sucede a las trabajadoras de la limpieza de los juzgados de Vizcaya, que el jueves pasado celebraron su particular cotillón de Nochevieja festejando un “¡Feliz 1980!” para denunciar unas condiciones laborales que, a su juicio, son ahora las mismas de aquella época, cuarenta años después.
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