Transición ecológica y fiscalidad verde

Avanzar hacia economías de cero emisiones requiere de cambios radicales que van a darle la vuelta a nuestras vidas y que solo serán posibles gracias a una intervención pública decidida. Lamentablemente, algunas de las políticas públicas puestas en marcha no han tenido en cuenta ni la responsabilidad ni la vulnerabilidad diferenciada de unas personas y otras. Es más, algunas, aunque imprescindibles desde un punto de vista medioambiental, pueden acabar incrementando las desigualdades entre los más pobres y los más ricos.

El impuesto francés al carbono, antes de que las protestas de los 'chalecos amarillos' frenaran su despliegue total, estaba diseñado para incrementarse cada año con el objetivo de desalentar el consumo de combustibles fósiles, trasladar al precio final de los productos su impacto en emisiones y aplicar el principio de que quien contamina, paga.

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Aunque las protestas frenaron las subidas, hoy el impuesto al carbono recauda unos 8.000 millones de euros con un coste medio por familia de 340 anuales, cifra que se reparte de forma regresiva entre unos hogares y otros. Aquí en nuestro país, también con la idea de avanzar en fiscalidad verde, el actual Gobierno en funciones propuso la pasada legislatura empezar a incrementar los impuestos verdes equiparando la imposición del diésel a la de la gasolina. Se generarían unos 2.800 millones solo con la equiparación y unos 10.000 millones adicionales de continuarse con un aumento progresivo hasta alcanzar la media de gravamen de este tipo existente en las otras grandes economías europeas. Pero aquí, como en Francia, se trataría de un impuesto ciego a las responsabilidades diferenciadas en emisiones según niveles de renta y regresivo, en tanto que impuesto indirecto.

Con la celebración en Madrid de la COP25, Oxfam Intermón ha hecho un cálculo de las desigualdades en emisiones de CO₂ debidas al consumo según niveles de renta en España, un país donde el 10% más rico multiplica en 9,6 veces la renta del 10% más pobre. Mientras que las emisiones de esos hogares más ricos multiplican en 2,3 veces las de los más pobres, concretamente en transporte las triplican.

En Francia, junto con otras organizaciones, Oxfam ha hecho una propuesta concreta para volver a la senda de incrementos del impuesto al carbón y conjugarla con un ingreso climático, una transferencia líquida que recibirían los hogares y que sería más alta para hogares de menos ingresos.

En el caso español podría estudiarse una propuesta similar, que tendría especialmente sentido por tres razones. La primera es que España puede hacer mucho más en imposición verde. De los 28 países europeos, ocupamos el puesto 26 en impuestos ambientales en relación al PIB y el puesto 22 de impuestos al transporte. La segunda de las razones es que la presión fiscal española es baja: 6,3 puntos porcentuales menos de presión fiscal sobre el PIB que la media de la zona euro. La última de las razones es que la capacidad de reducir la pobreza y la desigualdad de nuestro sistema de transferencia de rentas es muy baja, en parte por el poco dinero que se dedica a este fin: 4,5 puntos de PIB menos que la media de la UE.

Aumentar nuestros impuestos ambientales y vincularlos a algún tipo de sistema de cheques climáticos nos llevaría a mejorar en estos tres ámbitos. Protestas como la de los 'chalecos amarillos' o aquellas que tomaron las calles en Ecuador lo dejan claro: la transición ecológica será justa o no será. Estadistas de buen oído deberían sacar la conclusión de la necesidad de que la lucha contra el cambio climático y la reducción de las desigualdades deben ir de la mano.