Weimar, cien años: ¿Una advertencia actual?

El pasado 11 de agosto se cumplió el centenario de la infortunada Constitución de la República de Weimar, aprobada el verano de 1919, meses después del armisticio de la Primera Guerra mundial del 11 de noviembre de 1918 que concluyó con la derrota de Alemania y de las potencias centrales. Paralelamente a la celebración del Tratado de Versalles en junio de 1919, se desarrollaba la asamblea constituyente en la ciudad de Weimar, del actual 'land' de Turingia, donde se aprobaría la Constitución de Alemania. Un país endeudado para hacer frente a las reparaciones de guerra, que había perdido una parte de su territorio y desarmado militarmente.

Se iniciaba un momento constitucional pionero de maduración democrática, que rompía con la tradición que en la Alemania del II Imperio del canciller Bismarck representaba el principio monárquico, que otorgaba al emperador un poder normativo superior al Reichstag, la cámara baja del Parlamento. Nacía la modernidad con la adopción de la República como forma de gobierno en el marco de un Estado social y de derecho, que no solo reconocía los derechos del liberalismo político, sino que también incorporaba los derechos sociales. A través de una organización territorial de un Estado unitario descentralizado en forma federal, que reconocía autonomía política a los antiguos territorios del Imperio, entre ellos Prusia y Baviera. Pero ¿por qué una Constitución desafortunada?

El huevo de la serpiente

Porque nació lastrada por factores que enervaron su consolidación política como norma superior del Estado y que han avalado la interpretación de que nació en un momento inoportuno. Entre otros, los efectos desestabilizadores de las gravosas condiciones impuestas por los aliados en Versalles, a las que el propio John M. Keynes se refería como miembro de la delegación británica que lo firmó; la falta de apoyos por buena parte de los partidos de entonces, de un lado, las fuerzas de la derecha más reaccionaria, depositarias de pensamiento totalitario y antiparlamentario en la Europa de entreguerras; de otro, el alejamiento de sectores de la clase obrera atraídos por el nuevo modelo de Estado y de sociedad surgido tras la Revolución soviética de 1917. Sin olvidar la existencia de una sociedad poco abierta a valores liberales como era la alemana de aquel momento. Y, por supuesto, el impacto negativo de la crisis que estallaría con el crack de 1929. En definitiva, un campo abonado para la aparición del huevo de la serpiente hitleriana. 

Llegados a este punto, el lector podrá preguntarse si es razonable considerar Weimar como una advertencia histórica a tener en cuenta, por ejemplo, en nuestro entorno más próximo, regido por la Constitución de 1978. Con todas las diferencias que ofrecen unos contextos históricos distintos, la lección que ofrece una Constitución denostada como fue la de Weimar es razonable que merezca alguna comparación. Sobre todo por la estulticia de algunos sectores de la llamada nueva izquierda que se han referido a ella peyorativamente como el régimen del 78, dejando en manos de la derecha la apropiación y la instrumentalización política de la Constitución, cuando una parte de sus predecesores no la votaron o incluso la combatieron.

Derechos y libertades garantizados

Una Constitución para cuya aprobación fue decisivo, especialmente, el apoyo político de la izquierda socialista y comunista y de una parte del nacionalismo periférico, en una coyuntura política donde la oposición democrática a la dictadura franquista, aun no disponiendo de hegemonía política en el proceso constituyente, logró una Constitución homologable con las del resto del entorno de países de la Europa occidental, asegurando la división de poderes y garantizando los derechos y libertades.

Sobre todo, también, cuando en un ejercicio de la más irracional demagogia política, sectores del independentismo refutan el texto constitucional como un sinónimo del autoritarismo del régimen vigente. Más teniendo en cuenta que en 1978 se sentaron unas bases para la organización constitucional del autogobierno y del pluralismo nacional en España. Que, como es notorio, su desarrollo y aplicación no hayan satisfecho las aspiraciones de autonomía política, en especial después de la desactivación jurídica del Estatuto del 2006, es otra cosa bien distinta. No imputable a la Constitución.

Por ello, deslegitimar el marco constitucional por ceguera o pura demagogia política, o mediante su sacralización como un texto inmutable, es facilitar que el huevo de la serpiente, ahora digital, renazca con 52 individuos en el Congreso.