Opinión | Editorial

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43 días de cortes en la Meridiana

La protesta juega al gato y el ratón con la normativa viaria pero sigue cuestionando el uso del espacio público

Los CDR, ayer, durante el 43º día consecutivo de cortes en la Meridiana.

Los CDR, ayer, durante el 43º día consecutivo de cortes en la Meridiana. / FERRAN NADEU

Desde que se iniciaron las acciones de los CDR y del Tsunami Democràtic contra la sentencia que condenó a los líderes del ‘procés’ que no cruzaron la frontera estas se han ido desactivando, unas por cansancio, otras por cálculo estratégico de los convocantes ocultados tras el incógnito de las redes, otras por disensiones internas y algunas de ellas por la actuación de los cuerpos de seguridad. Durante este periodo se han sucedido expresiones legítimas de protesta, en forma de manifestaciones en las que no se han producido incidentes, ni hubo ninguna necesidad de intervención policial. También agresiones violentas y destrucción de mobiliario urbano, y en esas ha sido en las que se produjeron actuaciones policiales que inmediatamente fueron objeto de escrutinio. Y, finalmente, cortes de vías públicas, que gozaron de aliento oficial y de tolerancia policial en un primer momento, quizá esta última justificable para evitar una escalada de tensión en los momentos más críticos, pero que no podían ser normalizados: negar el derecho a la libertad de movimiento de personas y bienes al resto de los ciudadanos, dañar intencionadamente intereses económicos y causar situaciones que pueden dar lugar a accidentes o enfrentamientos entre quienes protestan y quien pueden sentirse coaccionados no forma parte de las libertades de expresión y manifestación. Actuar para evitar estas situaciones sí forma parte de la obligación de los cuerpos de seguridad de garantizar el orden público.

El corte de la avenida Meridiana es la única acción que se ha mantenido de forma  sostenida durante los últimos 43 días, pasando de cortar las calles abiertamente a entorpecer el tráfico jugando al gato y el ratón con la normativa viaria. No parece una actuación susceptible de ser atajada con métodos contundentes. Pero la necesidad de de dejar claro que un pequeño grupo no puede decidir, y menos de forma indefinida, qué vecinos, conductores o servicios de transporte público pueden o no utilizar un espacio público y en qué momento, sigue en pie.