EN CLAVE EUROPEA

Giro político en Rumanía

El nuevo primer ministro de Rumanía, Ludovic Orban, se dirige al Parlamento durante su investidura este lunes.

El nuevo primer ministro de Rumanía, Ludovic Orban, se dirige al Parlamento durante su investidura este lunes. / periodico

Eliseo Oliveras

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Rumanía, uno de los países más pobres de la Unión Europea (UE) y aún bajo tutela de la Comisión Europea 12 años después de su adhesión, intenta iniciar un giro político con la promesa de corregir los disfuncionamientos del Estado, mejorar el desarrollo económico, emprender una "guerra total" contra la corrupción y recuperar la confianza de sus socios europeos. Éstas son los compromisos del nuevo primer ministro, el conservador Ludovic Orban, sin parentesco con el autoritario primer ministro húngaro, Viktor Orbán.  

El Partido Socialdemócrata (PSD), que bajo diferentes nombres ha dominado la gran mayoría de los gobiernos del país desde 1992, perdió el 10 de octubre una moción de censura, acusado de incompetencia y de amparar la corrupción. El Parlamento aprobó el 4 de noviembre el nuevo Gobierno minoritario del conservador del Partido Nacional Liberal (PNL) -miembro del Partido Popular Europeo (PPE)– para garantizar la estabilidad política hasta las próximas elecciones legislativas de finales del 2020.

El nuevo Gobierno pudo ser aprobado gracias a la suma del anticorrupción Unión Salvar Rumanía (USR), de la Unión Democrática de Húngaros en Rumanía (UDMR), de los conservadores del Partido del Movimiento Popular (PMP), de la Alianza de Liberales y Demócratas (ALDE) y de un grupo disidentes de los socialdemócratas y del progresista Pro-Rumanía del exprimer ministro, Victor Ponta. Los liberales de ALDE habían formado parte del cuestionado Gobierno socialdemócrata hasta finales de agosto.

Merma de apoyo popular

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 10 de noviembre del presidente saliente Klaus Iohannis, respaldado por el PNL, logró el 37% de los votos, 14 puntos por delante de la exprimera ministra socialdemócrata Viorica Dancila. Esto confirma la merma del apoyo popular de un desprestigiado PSD por la acumulación de escándalos. El líder del PSD y presidente de la Cámara de Diputados, Liviu Dragnea, tuvo que ingresar en prisión el pasado 27 de mayo, condenado a 3,5 años por corrupción y abuso de poder. En el 2016, ya había sido condenado a 2 años por fraude electoral, aunque no tuvo que cumplirlos.

Iohannis, que se ha distinguido durante su mandato por frenar los intentos de abuso de poder de los socialdemócratas, parte como favorito en la segunda vuelta de las presidenciales del 24 de noviembre. Iohannis cortocircuitó los planes gubernamentales de una amnistía para los delitos de corrupción con la convocatoria de un referéndum el 26 de mayo, en el que el 80% de los votantes rechazó la amnistía.

La Comisión Europea también amenazó en mayo al Gobierno rumano con abrir el procedimiento por grave vulneración del Estado de Derecho debido al proyecto de amnistía y a los decretos que anulaban los progresos realizados antes del 2017 en la reforma del sistema judicial y la lucha contra la corrupción. El informe anual de tutela de la Comisión Europea del pasado 23 de octubre fue asimismo muy negativo por el retroceso en la independencia judicial, las leyes penales, el funcionamiento de la justicia y la lucha contra la corrupción. La Comisión Europea subrayó en su informe que “los servicios de inteligencia deben estar bajo un adecuado control democrático, los delitos deben ser efectivamente investigados y sancionados con pleno respeto de los derechos fundamentales y la población ha de tener confianza que la independencia judicial está garantizada”.

Desigualdad social

El descredito de los políticos es tan elevado en Rumanía que el nivel de participación en las elecciones es uno de los más bajos de la UE. La abstención superó el 60% en las legislativas del 2016. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales este mes la participación se limitó al 47,6%.

Además de la corrupción y el disfuncionamiento estatal, otro reto político fundamental es la profunda desigualdad social de Rumanía. El nivel de renta per cápita se sitúa en Rumanía en el 64% de la media de la UE, el tercero más bajo después de Croacia y Bulgaria. A pesar del crecimiento económico sostenido superior al 4% de media del periodo 2015-2019, el porcentaje de población en riesgo de pobreza asciende al 32,5%, sólo superado por Bulgaria, según los datos de Eurostat. La distribución de la renta en Rumanía es la más desigual de la UE después de Bulgaria: los ingresos disponibles del 20% de la población más rica son 7,2 veces superiores al 20% con menos ingresos. El 10% más rico también obtiene el 28,5% de los ingresos nacionales, mientras el 50% de la población se reparte el 24,1%, según los datos de World Inequality Database. El bajo nivel renta y la enorme desigualdad explican la elevada inmigración y que Rumanía haya perdido desde el 2001 más de 3 millones de habitantes, el 14% de su población.