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Editorial

La batalla contra el tabaquismo

En la nueva regulación del tabaco en espacios públicos debe primar la defensa del fumdor pasivo

Una persona fuma en una terraza de la plaza Reial.

Una persona fuma en una terraza de la plaza Reial. / FERRAN NADEU

La primera ley antitabaco en España se aprobó en 2005 y entró en vigor al año siguiente. Posteriormente, se modificó en 2010, con la prohibición de fumar, sin excepciones, en cualquier tipo de espacio colectivo que no estuviera al aire libre. Estas medidas, que en su día aparecieron como radicales pero han sido integradas en la normalidad, han contribuido sin duda al proceso de reducción del consumo de una sustancia que es responsable del 30% de las muertes por cáncer y también de otras múltiples enfermedades respiratorias y cardiovasculares y de disfunciones orgánicas. Pero, a criterio de las autoridades sanitarias y a tenor de las cifras que se barajan, no son suficientes. España es aún el país que más fuma de Europa, con un porcentaje de un 24% de fumadores sobre el total de la población.

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Por eso se barajan nuevas ofensivas, esta vez protagonizadas por las administraciones autonómicas y, en concreto y en virtud de lo que establece la legislación estatal, por la Generalitat, a través de la Conselleria de Salut. La nueva ley de adicciones, que está en una fase inicial, a la búsqueda de un amplio consenso político y social, prevé ir más allá y centrarse en las nuevas formas de adicción (apuestas, nuevas tecnologías…) pero también reincide en las restricciones al tabaco. Para disminuir su prevalencia, con el objetivo de retrasar la incorporación temprana de las nuevas generaciones y con la voluntad de salvaguardar la salud de los fumadores pasivos.

Para ello se han puesto sobre la mesa distintas reglamentaciones que, de fructificar la ley, se convertirán en normas de obligado complimiento: prohibiciones en un  perímetro en el entorno de colegios y hospitales, en todas las terrazas (también en las abiertas por completo) e incluso en el interior de los vehículos. Y, aunque se trate de competencias estatales, la Generalitat también aboga por un etiquetado neutro de las cajetillas, que frene la promoción del producto, y por el aumento del precio del tabaco, como recomienda el Consejo Asesor sobre Tabaquismo; la verdadera piedra angular de una política que quiere reducir al máximo la dependencia. En los últimos años, la práctica de fumar ha ido quedando arrinconada en el espacio público (las playas libres de humo, por ejemplo, cada día se extienden más) y la normativa ahora en elaboración plantea un paso más al que se resiste el sector de la restauración. Su preocupación es comprensible, pero la resolución final de este debate nunca deberá dejar de tener, como objetivo prioritario, la defensa del fumador involuntario.