Correos: ¿Rentabilidad social o económica?

La privatización de Correos es un tema recurrente. En el 2016, la propia empresa, con pérdidas endémicas, encargó un informe a ATKearney en la que la consultora recomendaba su privatización, total o parcial, para superar su desventaja respecto a sus competidores. Se refería el informe, entre otros, a los operadores europeos ya privatizados en la mayoría del capital (Deutsche Post, Royal Mail Group o la protuguesa CTT), o de forma minoritaria (bPost de Bélgica, Poste Italiana y Austria Post Group).

Paradójicamente, estos mismos operadores, alineados con otros 100% privados como DHL o UPS opinan justo lo

contrario: según ellos, las subvenciones públicas a Correos le otorgarían una ventaja competitiva inaceptable a largo plazo. La Unión Europea parece que comienza a decantarse por estas tesis contrarias a la subvención estatal.

El llamado Servicio Postal Universal (SPU), que garantiza una entrega casi diaria de correo hasta en el pueblo más remoto, así como un número mínimo de oficinas, es un servicio difícilmente rentable y algo que un operador privado nunca asumiría. En la actualidad, este servicio cuesta a las arcas públicas una media anual de 180 millones.

La Comisión Europea ya obligó a que Correos devolviera al Estado 167 millones de euros de subvenciones públicas al SPU entre los años 2004 y 2010 y que Bruselas consideró excesivas. Y el mismísimo plan estratégico de la entidad para los próximos años depende de que la Comisión dé el visto bueno este año a la propuesta de Fomento para seguir subvencionándolo.

En cualquier operación de fusiones y adquisiciones, conviene tener claro quiénes son los principales actores del proceso de venta de las participaciones accionariales. En el caso de compraventas privadas, incluso las operaciones más complejas tienen siempre un limitado número de actores principales. Los más evidentes son el vendedor de la empresa, el comprador y, lógicamente, la empresa que es comprada-vendida. También hay que tener en cuenta siempre –no siempre se hace- a otros afectados, como los trabajadores, los clientes u otros.

En las privatizaciones de entidades públicas esta complejidad se exacerba, pues vendedor, clientes, mercado y proveedores se mezclan y confunden, los criterios de decisión son de naturaleza más compleja y el cierre de una operación tiene derivadas de enorme repercusión social y política más allá de lo económico.

En el caso concreto, no parece que el Gobierno esté por la labor de poner en peligro un SPU. Incluso teniendo en cuenta el peso decreciente del servicio postal tradicional frente a la paquetería exprés o los medios electrónicos- el servicio es aún muy bien percibido por gran parte de los usuarios, especialmente en zonas en peligro de despoblación. Los potenciales compradores no aceptarán la carga de un servicio que, según los sindicatos, tiene un coste incluso superior al subvencionado en la actualidad.

Correos no podrá ignorar el problema durante mucho tiempo, ya que los competidores privados seguirán presionando para poner en entredicho la estructura de soporte público. Y otros organismos, como ahora es el caso de Airef, seguirán cuestionando las pérdidas de la empresa en los próximos años. La partida sigue. Y se prevé complicada.