El Supremo abre la vía europea a Puigdemont

El Tribunal Supremo ha trasladado la decisión de si Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí pueden ser candidatos a las elecciones europeas a los juzgados contencioso-administrativos de Madrid, pero se ha pronunciado ya sobre el fondo del asunto, adelantando que los tres políticos catalanes huidos a Bélgica tienen derecho a presentarse. Sería, pues, insólito que un juzgado ordinario no siguiera la opinión del Supremo, aunque está muy claro en la ley que los recursos contra la proclamación de los candidatos deben resolverse en los juzgados de lo contencioso, uno de los cuales, incomprensiblemente, se había inhibido.

El Supremo considera que encontrarse en rebeldía no es “causa de ineligibilidad”. Argumenta que “las causas de ineligibilidad deben ser interpretadas restrictivamente” y “las dudas en esta materia deben ser resueltas de la manera más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales”. Uno de estos derechos es el de sufragio pasivo, que la Constitución reconoce a todos los españoles. El alto tribunal coincide así con la tesis de la fiscalía y con la de cuatro miembros de la Junta Electoral Central (JEC), que se habían opuesto al veto, que se basaba en que al residir fuera de España no podían estar inscritos en el censo y perdían la condición de elector.

La decisión, al tiempo que desmiente a los recurrentes, que no se cansan de repetir que en España no hay independencia ni garantías judiciales, significa un nuevo varapalo a la JEC, después de que la justicia repusiera una candidatura anulada en Melilla. La JEC se ha abonado a las decisiones controvertidas e incomprensibles. Otro ejemplo es el veto a que Manuela Carmena e Íñigo Errejón participen en debates porque, al cambiar de nombre, su candidatura se considera nueva. Se puede dar, pues, el caso de que la alcaldesa de Madrid, si la justicia no lo remedia, no pueda defender su gestión frente a los otros candidatos.

La decisión sobre Puigdemont y sus dos 'exconsellers' no resuelve el verdadero problema de si podrán, en caso de ser elegidos, ejercer como eurodiputados. Sus abogados defienden que sí, pero los servicios jurídicos del Parlamento Europeo sostienen que deben acudir a Madrid para tomar posesión del acta, donde serían detenidos en virtud de la orden de detención que pesa sobre ellos. Esta será la nueva batalla jurídica del 'expresident', cuyo único objetivo es encontrar motivos de enfrentamiento con el Estado; cuantos más, mejor.