Morosidad: la conjura de los grandes

Se atribuye a Otto Von Bismark la sentencia: "con las leyes pasa como con las salchichas: es mejor no ver cómo se hacen". He recordado esta tan cínica como pragmática afirmación del 'canciller de hierro' a menudo, durante el largo fatigoso lacerante y finalmente fallido trámite de la Ley contra la morosidad.

Morosidad para no iniciados: Imaginemos una pyme o un autónomo que fabrica, pongamos, casetas para perros que vende a una gran superficie. Para producirlas, nuestro protagonista ha hecho una inversión en maquinaria, materiales y suministros, paga puntualmente los salarios de sus empleados y sus impuestos…

Entrega las casetas y la factura en el punto de venta y recibe a cambio, 60 días después, un confirming a 240 días, por ejemplo. Es fácil suponer los obstáculos que tiene que salvar esta pyme para financiar un nuevo pedido. Si elevamos esta situación al conjunto de pequeños proveedores, descubriremos una de las causas fundamentales de la reducida dimensión de nuestras pymes, sus dificultades para invertir, para contratar empleados y para ser competitivos.

Desde el otro punto de vista, el comprador —la gran superficie— vende la caseta a un ciudadano que pasa por caja y paga antes de salir de la tienda. Como la gran superficie retrasa el pago a su proveedor, dispone de cantidades importantes de dinero en efectivo que puede utilizar para acometer grandes inversiones, financiar a sus clientes o simplemente invertir en activos de tesorería obteniendo un rédito. Esto es, retrasar el pago a su proveedor le resulta muy rentable.

Ambas situaciones justifican posturas antagónicas frente a la ley de refuerzo de lucha contra la morosidad, que pretende establecer el plazo de pago general de 60 días, evitando trucos y trampas legales que permitan su elusión.

El pequeño proveedor desea que nada cercene su derecho a cobrar en los plazos marcados por la ley y por las directivas europeas, frente al gran comprador, interesado en mantener su lucrativa liquidez. Parece fácil justificar los intereses de cada uno.

Más difícil es entender por qué algunos partidos —los dos mayoritarios en el Congreso— que negocian con el resto de partidos la aprobación de la Ley, se posicionan en esta confrontación de intereses, de manera evidente, manipulando los textos legales y alargando los trámites para continuar manteniendo las prebendas que permitan perpetuar la posición de dominio de las grandes distribuidoras minoristas.

Porque lo que ha pasado es que, mediante argumentos chapuceros, se protege a la gran superficie frente al pequeño proveedor. El pequeño empresario, el autónomo, paga el pato. Cuando intento ponerme en la posición del adversario para intentar comprender su postura, llego a la conclusión de que detrás de los pobres argumentos de los grandes partidos, solo hay cobardía y sometimiento a las presiones que probablemente están sufriendo. Además de una extraña conexión entre PP y PSOE, de intercambiable posición dialogante según estén o no en la oposición.

La ley de refuerzo de lucha contra la morosidad se ha negociado en despachos interesados. Y elusiones de muy difícil justificación han hecho que haya llegado tarde para finalizar su tramitación. El bipartidismo caduco se ha alineado para mantener los abusos de unos pocos sobre los derechos de muchos. Legislar la posibilidad de que se pacten plazos superiores a los legales amparándose en la igualdad entre las partes, es una traición a pymes y autónomos, que esperan que sus representantes no se dejen persuadir irracional o interesadamente.

La conjura entre los dos partidos mayoritarios, a los que en breve oirá el lector invocar la defensa de "los que cada mañana levantan la persiana" ha logrado que continuemos teniendo los plazos de pago más largos de Europa, y aun siendo necesaria y urgente su solución, nada indica que vaya a ser un real decreto "social" de los que se avecinan el que levante la persiana y deje entrar la medicina europea para detener la epidemia morosa.