Reglas, derechos y empleos dignos

Hasta los máximos defensores de la desregulación acaban asumiendo en algún momento la necesidad de establecer unas reglas mínimas que permitan actuar sin perjudicarse unos a otros. Ni siquiera para defender derechos básicos, de los trabajadores, por ejemplo, sino por puro interés de empresas o de países. Se ha visto esta semana en el encuentro del Foro Económico Mundial de Davos. Una reunión de máximos mandatarios, directivos de multinacionales, jefes de organizaciones multilaterales y expertos varios, pero sin ningún carácter decisorio vinculante. Sin embargo, y quizás precisamente por ello, en ese marco se producen anuncios de acuerdos que en otros momentos o situaciones estarían fuera de lugar.

En la última jornada del Foro, el presidente de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Roberto Acevedo, anunciaba un acuerdo entre 76 miembros de este club (la mitad de todos ellos) para iniciar en marzo la negociación de reglas para el comercio electrónico. Entre los firmantes, China y Estados Unidos, coincidiendo con la guerra comercial de aranceles que mantienen durante las mismas fechas más allá de las nevadas montañas suizas. La economía digital, la robótica, la aplicación de la inteligencia artificial en todos los campos de actividad se han convertido en las bases de una disrupción tan intensa que la mayoría de consejeros delegados de grandes multinacionales encuestados con motivo del Foro por la consultora PwC consideran que será incluso más fuerte que los cambios provocados por la irrupción de internet.

Paralelamente al Foro de Davos, muchas organizaciones de todo tipo aprovechan su tirón informativo para contraponer sus ideas, propuestas e informes que o bien no se tratan en la reunión suiza, o las soluciones que allí se proponen son totalmente opuestas, o se intentan obviar.

Esa misma semana, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo público un decálogo de recomendaciones para todos los gobiernos sobre el futuro del trabajo. En este caso, el centro de las propuestas son las personas y no el beneficio, el aumento del producto interior bruto o la defensa de la competencia. Entre las propuestas de este organismo, que nadie calificaría de radical, destacan una protección social garantizada desde el nacimiento hasta la vejez, un derecho universal al aprendizaje permanente que permita que las personas se formen, adquieran nuevas competencias y mejores sus cualificaciones. Y también una gestión del cambio tecnológico “que favorezca el trabajo decente, incluso a través de un sistema de gobernanza internacional de las plataformas digitales de trabajo”. A la vista de estas recomendaciones, da la impresión que conflictos como el que enfrenta a los taxistas y los VTC tienen un fondo muy profundo y difícilmente solucionable con un simple decreto autonómico o local.