ANÁLISIS

Contrarreforma 'light'

El acuerdo de Pedro Sánchez con los sindicatos para derogar una parte de la reforma laboral deja fuera aspectos clave como la flexibilización del despido y la reducción de la indemnización

Manifestación el día 14 de diciembre del 1988, huelga general.

Manifestación el día 14 de diciembre del 1988, huelga general. / periodico

Olga Grau

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Pedro Sánchez necesita presentar medidas de carácter social con carácter de urgencia para contrarestar el varapalo en Andalucía y resistir con 84 diputados el envite del PP y Ciudadanos por el flanco catalán. Los sindicatos, debilitados tras una larga crisis económica y dos reformas laborales durísimas (la del PSOE del 2010 y la del PP del 2012), necesitan también ganar perfil social y reconciliarse con su público. Esta es la base que explica el preacuerdo que ha alcanzado el PSOE con los sindicatos CCOO y UGT para reformar parcialmente la reforma laboral por la vía de un decreto que, oportunamente, podría aprobarse el próximo 21 de diciembre en un Consejo de Ministros celebrado en Barcelona.

Los socialistas han pasado de puntillas sobre el hecho de que buena parte de la precarización del mercado de trabajo se basa en las medidas que José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en el 2010 (más poder a las ETT, despido colectivo por causas económicas, modificación unilateral de las condiciones de trabajo, etc.). Así, el Gobierno ha optado por atacar directamente al paquete de medidas laborales que aprobó Mariano Rajoy en el 2012, cuando España estaba al borde del abismo, y que fue la estocada final a todos los logros conseguidos durante la democracia en derechos laborales. 

Si tenemos en cuenta la suma de las medidas del 2010 y del 2012, la contrarreforma laboral que plantea ahora Pedro Sánchez, con la bendición sindical y la oposición de la CEOE, es muy light, aunque sea muy sexy desde el punto de vista de márketing electoral. Es cierto que aborda un tema importante para los sindicatos, que es la negociación colectiva, que empodera a los representantes de los trabajadores como agentes decisivos en la negociación de las condiciones laborales en las empresas. Pero el pacto que se plantea no entra en otros aspectos clave en la precarización del mercado laboral como son la flexibilización del despido con una ampliación descomunal de las causas que lo permiten y la reducción de la indemnización a los afectados.

Cuando se cumplen precisamente 30 años del 14D, la huelga general de 24 horas que paralizó el país en contra de la política económica del Ejecutivo presidido por Felipe González, hay que recordar con nostalgia que lo que sacó a los españoles a la calle entonces de forma masiva fue la oposición al plan de empleo juvenil que incluía un contrato especial con un salario más bajo para jóvenes de hasta 25 años. Treinta años después y con la economía con cifras positivas, el paro juvenil supera el 30% en España, los jóvenes encadenan hasta cinco contratos de media al año, y todavía hay 3,2 millones de personas sin empleo en España, con una de las mayores tasas de la Unión Europea.

La precarización del mercado de trabajo no parece que haya servido para crear más empleo, ni para elevar los salarios, ni para luchar contra la desigualdad. Por el contrario, la pérdida de la mejora de las expectativas de vida ha sido el detonante del malestar social. La diferencia es que hace 30 años se manifestaba en la calle y ahora en el populismo en las urnas.