¿Quién defiende a los Mossos?

La cuestión de las políticas de seguridad es uno de los sensores más sensibles de la calidad democrática de todo sistema político. En ese sentido, las imágenes ofrecidas por la acción de la Brimo de los Mossos d’Esquadra del pasado jueves no son precisamente ejemplares. De ninguna manera. Pero también es cierto que la policía catalana ha estado sometida a una tensión insólita en el último año y medio. No es casual. Aparte de la presidencia de la Generalitat, el frágil autogobierno de Catalunya dispone de cuatro símbolos sociales que lo permiten visualizar de manera nítida: Parlamento, medios de comunicación públicos, escuela y policía. Estos cuatro ámbitos estaban sometidos a un estrés muy intenso, pero con la aplicación del artículo 155 las tensiones internas y externas se multiplicaron de forma inédita. Los Mossos ya se vieron en la diana de la difamación desde el 17 agosto del año pasado, cuando la calle más cosmopolita de Barcelona fue escogida por los terroristas yihadistas para perpetrar sus planes macabros. Sin haber superado la conmoción inicial, y aún no asimiladas las dantescas imágenes que todo acto terrorista se propone generar, dos hechos positivos sorprendieron la opinión púbica local e internacional: la rápida y eficaz acción de la policía catalana y la respuesta cívica, tolerante y respetuosa de los dirigentes políticos y la sociedad civil.

La extraordinaria profesionalidad que demostraron los Mossos como policía democrática e integral contrastó con el torpe proceder del ministro Zoido. Y, sin dar tiempo a la sociedad catalana para superar el duelo, comenzó una campaña sistemática de descrédito de los Mossos. Una campaña sin manías, sin escrúpulos. De hecho, el castigo ejemplar que se pretende infligir al 'exconseller' Joaquim Forn y al exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero se empezó a diseñar y fraguar aquellos días.

Por eso mismo sorprende que se tardara tanto en formar gobierno para levantar el 155, o que no se haya seguido una política de conducción y protección de la policía catalana suficientemente equilibrada y rigurosa. Precisamente porque el autogobierno catalán está más amenazado que nunca es preciso dignificar y tomarse en serio la gestión de los márgenes de autogobierno disponibles. Y la seguridad es uno de los más estratégicos y visibles. En un gesto muy poco habitual, el 'president' Torra ha llamado la atención públicamente al 'conseller' BuchTorra , pero él mismo es tanto o más responsable de la situación. Por disminuido que esté, el Gobierno de Catalunya es un asunto de una gran transcendencia y complejidad: no se puede actuar, simultáneamente, como presidente y activista. El activismo próximo a la CUP y el mismo presidente parecen no haber entendido que el conflicto democrático entre los poderes del Estado y el soberanismo catalán funciona con la lógica de la guerra de posiciones, no con la de la guerra de movimientos. O, peor, que la estética de la guerrilla urbana es absolutamente contraproducente para la imagen interna y externa del movimiento soberanista catalán.