El lado oscuro de la crisis de Ucrania

El muy impopular presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ha aprovechado el abordaje ruso a navíos militares ucranianos en el mar de Azov para decretar la ley marcial en parte del país con la que intentar mejorar sus expectativas en las elecciones presidenciales del próximo 31 de marzo y hacer olvidar la corrupción y su pobre balance económico. Pese a que el Parlamento obligó a limitar la duración de la ley marcial a 30 días renovables y a restringir su aplicación a las regiones costeras y a las fronterizas con Rusia y Moldavia, la imposición de esta medida ahora resulta reveladora, ya que no ofrece ninguna ventaja militar práctica y ni siquiera se aplicó en los peores momentos de la guerra civil, en el 2014 y el 2015.

Ante el temor a que Poroshenko usara la ley marcial para aplazar sine die las elecciones en las que parte como perdedor, el Parlamento obligó a introducir una cláusula que indica que los comicios se celebrarán en la fecha prevista. Pero los amplios poderes de que dispondrá Poroshenko en unas regiones que incluyen cerca de la mitad de la población hacen temer que pueda restringir las libertades y manipular los comicios, ya que intentará prorrogar la ley marcial en diciembre, señala Maxim Eristavi, investigador ucraniano del Atlantic Council.

La ley marcial autoriza a Poroshenko a recortar derechos, como la libertad de circulación y reunión y el secreto de la correspondencia, y permite la intervención militar en la Administración civil. El texto deja amplio margen al Gobierno para recortar esos derechos y para amparar la actuación de las milicias de extrema derecha, advierte el director de la Freedom House de Ucrania, Matthew Schaaf. El presidente también podría usar la ley marcial para perjudicar a sus rivales políticos y controlar la difusión de noticias, indica el Centro para los Estudios Orientales de Varsovia.

Popularidad bajo mínimos

La popularidad de Poroshenko está por los suelos, desaprobado por más del 77% de los ciudadanos y con un porcentaje de apoyo incluso inferior al 28% del depuesto presidente Viktor Yanukovych cuando abandonó el país. Un amplio sondeo del Instituto Internacional de Sociología de Kiev a principios de noviembre indicaba que Poroshenko es el candidato más rechazado, con prácticamente el 50% señalando que no votará por él bajo ninguna circunstancia. La intención de voto a Poroshenko se limitaba al 10%, la mitad que su principal rival, la ex primera ministra Yulia Tymoshenko. Otro sondeo realizado tras la declaración de la ley marcial no ha mejorado la posición de Poroshenko, mientras que la intención de voto a favor de Tymoshenko ha subido al 22,5%.

Poroshenko, uno de los oligarcas del anterior régimen, ganó las elecciones de mayo del 2014 con un 54,7% de los votos con promesas de reformas radicales y lucha contra la corrupción en línea con las expectativas de la revuelta de Maidan. Ahora, cuando sus reformas se han quedado en meros cambios cosméticos, enfatiza la identidad y la seguridad, en línea con el populismo autoritario en alza en Europa.

Mientras los oligarcas siguen controlando el país, el bienestar de la mayoría de los ucranianos ha empeorado sustancialmente desde el 2013, a causa de la grave recesión del 2014-2015, el conflicto con Rusia y la política de recortes y ajustes aplicada por el Gobierno para obtener la ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Unión Europea (UE).

Corrupción

Pese a las promesas de Poroshenko, Ucrania sigue siendo uno de los países más corruptos del mundo y ocupa el puesto 130 de los 180 países en la clasificación de Transparency International. Los ataques y el acoso contra activistas y periodistas son frecuentes y el Gobierno entorpece la labor de las organizaciones cívicas, destaca Transparency Internacional. En los nueve primeros meses de este año se registraron más de 50 ataques a activistas cívicos con total impunidad, denuncia la Unión Ucraniana de Derechos Humanos de Helsinki, mientras que la Unión Nacional de Periodistas tiene registrados más de 140 ataques contra reporteros desde el 2017.

El 4 de noviembre falleció la activista Kateryna Handzyuk, que había sido atacada con acido sulfúrico después de denunciar que un jefe de policía exigía una comisión del 3% sobre todos los contratos públicos en la zona de Jerson.

La labor de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), creada bajo la presión de la UE, es saboteada por el propio fiscal general y la fiscalía anticorrupción, que bloquean las investigaciones y que han llegado a emprender actuaciones contra el organismo para proteger a corruptos, explica Daria Kaleniuk del Centro de Acción contra la Corrupción de Kiev. Pero gracias al conflicto con Rusia, Poroshenko conserva el respaldo de la UE y la OTAN.