El Brasil que preocupa

El discurso tóxico del nuevo presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, es una amenaza directa a los derechos humanos si termina convirtiéndose en política gubernamental.

El punto de partida de la presidencia de Bolsonaro es un Brasil ya convulso. Impulsados por la expulsión de Dilma Rousseff de la presidencia en el 2016, algunos grupos políticos han dedicado año y medio a tramitar leyes y cambios constitucionales en el Congreso con un claro objetivo: minar algunos derechos y avances sociales recientes.

Ofensivas legislativas para minar derechos

Una de estas ofensivas legislativas tiene relación con uno de los clásicos caballos de batalla en América Latina: el derecho al aborto, que podría prohibirse totalmente, también en embarazos resultantes de una violación o que pongan en peligro la vida de la mujer. En campaña, Bolsonaro anunció que las propuestas para despenalizar el aborto o ampliar el derecho contarían con su veto y que limitaría los fondos federales a grupos de planificación familiar y derechos sexuales y reproductivos.

Otro elemento de preocupación es la tierra y su propiedad, histórica fuente de conflicto en Brasil. Los Sin Tierra o las comunidades quilombolas de afrodescendientes observan con desazón como el programa electoral de Bolsonaro califica la ocupación de tierras de «terrorismo». O el anuncio de que el Ministerio de Medioambiente va a fusionarse con el de Agricultura, tradicionalmente controlado por la agroindustria y grandes propietarios y terratenientes.

La eliminación en los planes de estudios de información sobre salud sexual y reproductiva y, por lo tanto, sobre identidad de género y orientación sexual alarma a colectivos LGBTI, en un país con unos niveles muy elevados de homofobia, agresiones a homosexuales y asesinatos de personas trans. Solo en el 2017, hasta 277 personas LGBTI fueron víctimas de homicidio en Brasil, la cifra más alta desde que se recogen datos. Las declaraciones de Bolsonaro en el pasado, discriminatorias con estos colectivos, no ayudan a calmar los ánimos.

Propuestas como cambiar o revocar el Estatuto de Desarme para facilitar la obtención de licencias de arma de fuego y su compra pueden azuzar una situación de seguridad pública ya explosiva en Brasil. Más armas en las calles se sumarían a una militarización que ya es real. El despliegue de fuerzas armadas para tareas policiales y de orden público no ha reducido los homicidios y sí ha elevado las muertes de jóvenes negros a manos de las fuerzas de seguridad del Estado en las grandes ciudades, en una política de «gatillo fácil» criticada por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y otras. Las intervenciones policiales en favelas y barrios pobres muchas veces tienen como consecuencia tiroteos intensivos y muertes de inocentes, incluidos menores de edad, que quedan impunes.

En campaña, Bolsonaro prometió suavizar las leyes sobre el control de armas y conceder a los funcionarios policiales autorización previa para matar, hecho que refuerza aún más esta impunidad si un agente comete un abuso. Es, por lo tanto, una promesa electoral que combate el fuego con más fuego, en una línea incendiaria que ya aplica por ejemplo Duterte en Filipinas con unas cifras escandalosas de muertes policiales. En un Brasil que vive inmerso en una violencia endémica letal (64.000 asesinatos en el 2017, 175 personas cada día) y donde rige una lógica de guerra para las políticas de seguridad pública, la situación puede agravarse.

Amenaza a la vida de los defensores de derechos humanos

Capítulo aparte es la amenaza, muy real, a la vida de defensores y defensoras de derechos humanos. El año pasado, 62 activistas brasileños fueron víctimas de homicidio, la mayoría por conflictos relacionados con la tierra y por el control de recursos naturales o la actividad de empresas extractivas. Recortes presupuestarios y una falta de voluntad política para proteger a quien defiende los derechos humanos condujeron al desmantelamiento del Programa Nacional de Protección: así, centenares de personas están expuestas a un riesgo más alto de sufrir ataques. No parece que la agenda de Bolsonaro vaya a retomar este programa de protección tras haber declarado que el activismo social «molesta».

Ante este contexto preocupante, una parte de la sociedad brasileña se siente amenazada y ha salido a la calle: movimientos sociales, oenegés, comunidades indígenas y afrodescendientes, grupos feministas y LGBTI, entre otros, están dispuestos a movilizarse para proteger los derechos de toda la ciudadanía en unos tiempos que se adivinan complejos, tensos y polarizados. No vamos a dejarlos solos.