30 mar 2020

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Análisis

Los presidentes Quim Torra y Pedro Sánchez.

RUBÉN MORENO

En el nombre del pueblo

Laia Bonet

Cualquier sentido del voto a los Presupuestos del Estado es legítimo, pero no si se afirma hacerlo para evitar traficar con la democracia

Esta semana en el pleno del Parlament de Catalunya se ha dado forma a la negativa del independentismo catalán con representación en el Congreso de los Diputados, al proyecto de Presupuestos del Gobierno de España. 

Resulta innegable la absoluta excepcionalidad del momento político. Las causas de todos los daños políticos, económicos y sobretodo sociales provienen de decisiones adoptadas hace un año. "La irregular alteración de los procedimientos parlamentarios, la judicialización expansiva de las diferencias políticas, la represión violenta de la consulta popular del primero de octubre (1-O), la interpretación extensiva del artículo 155, la acción sectaria y beligerante de algunos medios de comunicación. Sin olvidar una prisión provisional injustificada de los dirigentes encausados que sigue pesando sobre el ambiente". Recupero aquí la reflexión del grupo 'Pròleg', del que también formo parte, en el escrito “Catalunya: confrontación política y unidad civil”.

En su comparecencia, el 'president' Torra expresaba el miércoles su retirada de apoyo al presidente Sánchez y la negativa a los Presupuestos del Estado con toda contundencia: "Nosotros no traficaremos con la democracia ni con la dignidad. No lo hemos hecho nosotros ni lo hará el pueblo de Catalunya". En el trasfondo de esta afirmación está la idea que con el "no" a los presupuestos se adopta la mejor decisión para reforzar la legitimidad en la defensa de los líderes del independentismo que hoy se encuentran sin libertad.

Permítanme detenerme un momento en este punto. La negativa a los Presupuestos ¿Cambia en algo la situación actual de los líderes encarcelados? Creo que resulta difícil responder afirmativamente a esta pregunta desde la razón. Como también lo sería responder negativamente. Su situación, desgraciadamente, ya solo depende de los próximos pasos en el íter judicial en sede del Tribunal Supremo y eventualmente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El "sí" o el "no" a los Presupuestos del Estado, no cambia nada en "su" situación.  Así pues, ¿a quién beneficia y a quién perjudica la decisión de obstaculizar la aprobación de los Presupuestos? Toda negativa a unos presupuestos, aquí y en todas partes, lleva implícita o una voluntad de enmendar las prioridades planteadas, o incluso la voluntad de cuestionar la propia continuidad del Gobierno que las plantea.

Pero más allá de los riesgos en la estabilidad del Gobierno del Estado (y los eventuales beneficios que este hecho podría provocar en el fortalecimiento de alternativas políticas que hasta el momento no solo no han trabajado por la resolución política del conflicto sino más bien por su judicialización), la obstaculización de los presupuestos perjudicaría al conjunto de la ciudadanía de Catalunya (y del resto del Estado) que habría podido empezar a ver revertir la enorme brecha de desigualdad fortalecida por políticas conservadoras en el contexto de la crisis económica.

Cualquier sentido de voto es legítimo. También el "no". Pero no si se afirma hacerlo para evitar traficar con la democracia y en el nombre del pueblo.