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Análisis

Concentración de protesta frente al Tribunal Supremo en Madrid.

JOSÉ LUIS ROCA

No debería haber llegado al Supremo

Jordi Alberich

La judicialización del contencioso sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas refleja un enorme fracaso de la política

Finalmente, el Tribunal Supremo ha decidido que los impuestos de las hipotecas sean a cargo del cliente, eliminando la opción de la retroactividad que tanto aterraba a la banca y a los responsables económicos del país. El capítulo se ha cerrado, pero, de no escarmentar banca y política, se abrirán nuevos episodios.

Y es que esta cuestión no debería haberse judicializado jamás.  Que sea el Supremo quien decida si gastos hipotecarios corresponden al cliente o a la banca, o si esta debe resarcir a cientos de miles de familias, refleja un enorme fracaso de la política. A ella correspondía regular de manera clara, y más en un ámbito tan básico como el acceso de las familias a la vivienda.

Posición predominante de la banca

La necesidad de una mejor regulación deriva de la propia concepción de una ley hipotecaria que viene de 1861. En aquellos tiempos, la relación de fuerzas entre el banco y el hipotecado era muy pareja, pues ni la banca de mediados del XIX tenía el poder que tiene en nuestros días, ni era una familia de ingresos medios quien solicitaba la hipoteca, sino que lo hacía algún que otro gran industrial o terrateniente. La ley se elabora a partir de una presunta igualdad entre las partes contratantes, que no se da en nuestros días. Pese a posteriores ajustes, esa concepción aún persiste, y es la razón de fondo de las demandas de los consumidores: en el momento de  constitución de la hipoteca, una de las partes, la banca, abusa de su posición predominante.

A su vez, este despropósito se da en un entorno social que desconfía del sector financiero, ya sea por la hecatombe generalizada de la última década, o por malas prácticas vividas por muchos ciudadanos. Estos días, en defensa de la banca se argumentaba que la sentencia podía comprometerla hasta el punto de hacer inviable alguna entidad, algo que no puede permitirse nuestra economía. También, que el sector se había saneado, y no se puede medir a toda la banca por igual.

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Todo ello es cierto, pero dudo de que estos argumentos convenzan a la ciudadanía. ¿Puede aceptarlo un mileurista que ve cómo, por ejemplo, hace pocos días el presidente de un banco se jubila con un fondo de pensiones de 80 millones? ¿Se puede diferenciar una entidad de otra, cuando el sector opta por mostrarse como un bloque homogéneo? Habiendo bancos que, por ejemplo, han evitado los desahucios, no entiendo por qué el ciudadano no puede conocer esta información. La defensa gremial acaba por deteriorar el prestigio de todos.

Regreso a la política. Muchos ciudadanos tienen la sensación de que la política es cautiva de las finanzas. No me extraña. Podría citar muchos ejemplos que explican ese sentir ciudadano, pero ninguno tan paradigmático como el protagonizado por el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Preguntado, por un periodista, en el momento más agrio de la crisis, si estaría dispuesto a considerar la dación en pago, su respuesta fue: "No, porque perjudicaría al sector financiero". Ningún comentario ni matiz adicional. Voluntad de punto y aparte. Pues no, punto y seguido. Y seguirá.