Análisis
Merecemos más
El Tribunal Supremo debería detallar los argumentos que le llevaron a consolidar la primera decisión y por qué ha dado un giro radical en 24 horas
Joan Miquel Piqué
Economista y profesor de EADA Business School
Joan Miquel Piqué
Vayan por delante dos cuestiones que deberían quedar claras. Primera cuestión. Todos cometemos muchos errores, seguramente varios cada día, y debemos asumir que un porcentaje significativo de nuestras decisiones no serán correctas y, por tanto, debemos ser lo suficientemente honestos y humildes como para reconocer y corregir aquello que creamos que deberíamos haber hecho de otra manera. Sin juzgar los errores de los demás, o al menos eso nos dicen.
Segunda cuestión. El cambio en la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el impuesto de las hipotecas no es una decisión cómoda para la institución y sus magistrados y, naturalmente, deben tener razones de peso que justifiquen ese cambio de opinión. Presumimos, por tanto, su falibilidad y honestidad.
No obstante, este cambio en la decisión tiene efectos muy importantes que debemos valorar para que todos entendamos y asumamos este cambio como la mejor opción. Seguramente deberíamos tratar a la ciudadanía de manera inteligente, ofreciéndole explicaciones, certezas, la seguridad jurídica que debe caracterizar a cualquier estructura política y social desarrollada y, sobretodo, evitar lanzar mensajes que puedan provocar consecuencias negativas en el futuro. Nos explicaremos. Por tanto, el TS debería detallar claramente cuáles han sido los argumentos que le llevaron a consolidar la primera decisión y las razones que han motivado el giro radical en menos de 24 horas. el giro radical
Información insuficiente
Seguramente hay motivos de peso, que no deberían ser del tipo "es que hemos recibido presiones", "es que nos hemos dado cuenta de que el impacto es muy elevado" (¿no lo sabíamos el jueves?) o "es que no lo habíamos calculado bien" (inconcebible). En cualquier caso, la información que se ha publicado en la prensa en relación a la "enorme repercusión económica y social" puede parecer insuficiente. La ciudadanía merece, y puede entender, cualquier argumento que se le quiera explicar de manera adecuada. Y las instituciones tienen el deber de hacerlo.
En segundo lugar, esta decisión puede sugerir o abrir una vía para favorecer la idea de que las presiones y las quejas ante cualquier decisión judicial pueden cambiar el signo de las sentencias. No me gusta, voy a quejarme, hagamos el máximo ruido posible, que luego te hacen caso y le dan la razón al que más presiona.
Naturalmente, esta es una situación que, de manera implícita o explícita, se ha producido últimamente con demasiada frecuencia y sobre la cual podríamos pensar sin dificultad en algunos ejemplos recientes y en temas controvertidos que ahora mismo están pendientes de la decisión de instancias judiciales.
¿Nos están animando a presionar para imponer nuestras opiniones? ¿Nos están mostrando el camino para que entendamos que hacer lobi es la única manera de ganar? Que los poderes institucionales que tienen que garantizar la seguridad y la estabilidad aparezcan como instrumentos volátiles va directamente en contra de nuestra estructura institucional y también puede tener efectos profundos sobre nuestra credibilidad económica y social.
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