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Lacra social

La 'okupación': una respuesta social de emergencia

JORDI COTRINA

La 'okupación': una respuesta social de emergencia

Maties Serracant y Glòria Rubio

En un contexto en el que la Administración no garantiza el derecho a la vivienda, se sigue estigmatizando a quien padece las consecuencias de la exclusión residencial

La Administración pública tiene la obligación de garantizar una vivienda digna para todos. Con la actual situación de emergencia habitacional se hace evidente que las políticas públicas desarrolladas dentro del marco jurídico y económico establecido no han dado respuesta a las necesidades de la población en materia de vivienda.

El elevado desempleo, la práctica congelación de los sueldos y la inseguridad de saber cuántos meses más seguirás trabajando en uno u otro lugar dificultan el pago de unos alquileres en aumento que ya llegan a los 885 euros de media en el municipio de Sabadell, por no hablar del vínculo que supone asumir el pago de una hipoteca durante más de 20 años.

El pasado marzo, el diario 'ARA' publicaba los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): de media, 36 familias se quedan sin casa cada día en Catalunya. Las ejecuciones hipotecarias, los desahucios por no poder pagar el alquiler y los desahucios por precario ('okupaciones') son una constante en nuestro municipio, como en tantos otros.

1.618 personas esperando dónde vivir

En Sabadell hay dos registros que nos ayudan a ver cuál es la situación actual de precariedad habitacional: el de viviendas de protección oficial con 1.618 personas inscritas (las que están esperando una vivienda donde vivir) y el de emergencia habitacional (que en un solo año ha contabilizado 615 solicitudes).

Esta situación no es casual ni imprevisible. Los movimientos sociales en las últimas décadas han denunciado que esta situación llegaría, ya que en los últimos 30 años las políticas de PP y PSOE han sido claramente encaminadas a convertir la vivienda en un suculento producto especulativo, protegiendo la propiedad privada de estos para encima de las necesidades básicas de las personas.

El presupuesto destinado al Plan Estatal de Vivienda (PEV), que podría permitir un mayor control de los precios del mercado, está lejos de los niveles de inversión que realizan otros países de la Unión Europea en planes equivalentes. La inyección de 100.000 millones de euros a la banca realizada por el Ejecutivo español (el del PP con el apoyo del PSOE) durante la llamada crisis, denota cuál ha sido la voluntad de los sucesivos gobiernos.

En Sabadell hay unas 3.350 personas empadronadas en pisos ocupados -el 37,8%, menores de 14 años- y tan solo el 8,5% son viviendas de particulares

Con los datos en la mano podemos constatar que no se ha querido hacer frente a la necesidad de vivienda de muchas personas, las cuales, en algunos casos, han visto en la 'okupación' la única opción real y efectiva para disponer de un techo. Solo en Sabadell hay 3.353 personas empadronadas en viviendas 'okupadas', el 37,84% son menores de 14 años (diciembre del 2017). De más de un millar de viviendas 'okupada's registradas, tan solo el 8,55% es propiedad de particulares, el resto corresponden a entidades bancariasinmobiliariasfondos buitres, etcétera.

Debemos entender que en la mayoría de supuestos la ocupación de una vivienda surge de una necesidad: 'okupar' implica asumir un proceso judicial, inestabilidad, dificultad para acceder a los suministros básicos y, al mismo tiempo, sufrir en algunos casos la estigmatización social. No es por placer que la gente recurre a esta opción, sino por la imposibilidad de acceder a una vivienda.

Es cierto que hay grupos que se aprovechan de las personas más vulnerables y hacen negocio de la 'okupación', cobrando para facilitar el acceso a una vivienda. Estas situaciones, que son una minoría, se deben combatir. No queremos que nadie haga negocio con una necesidad tan básica, ni esta gente, ni los bancos, ni nadie.

Las 'okupaciones' se suelen realizar en inmuebles abandonados o en desuso. Para poner datos concretos, de enero del 2016 a agosto del 2018 los Mossos d'Esquadra han registrado 381 denuncias de 'okupación de inmuebles'. Solo 12 han sido denunciadas como domicilio habitual y, de estas, nueve han sido devueltas inmediatamente a las personas propietarias. Respecto a los otros tres, no se han podido probar que fuera el domicilio habitual y se ha ido por la vía judicial correspondiente. Uno de estos casos -que consideramos aislados- es el de la calle de Fiveller, en el barrio de Gràcia de Sabadell, que tanto revuelo ha despertado.

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Últimamente se ha querido magnificar la ocupación de viviendas donde ya vive gente, cuando este hecho es puntual, tal como muestran los datos. Actualmente, el domicilio habitual de las personas ya está suficientemente protegido. Lo que no está garantizado es el acceso a una vivienda digna, y por tanto, es eso lo que más debería preocupar a las administraciones y la ciudadanía.

En abril pasado se aprobó en el Congreso la ley de desahucios exprés, impulsada por PDECat y aprobada con el apoyo del PP, Cs y PNV. Si el domicilio habitual ya está protegido, ¿por qué se endurecen las medidas contra los sectores desfavorecidos en vez de proponer leyes que garanticen el domicilio habitual para toda la población?

Hace tiempo que la población se ha organizado para dar respuesta a la situación de emergencia habitacional. Este es el caso de la Obra Social de la PAHC de Sabadell, que hace pocos meses consiguió firmar un alquiler social de las 40 viviendas previamente 'okupadas' de un bloque en el barrio de Gràcia de Sabadell. Entendemos que la población debe seguir movilizada y que desde la Administración tenemos que hacer todo lo posible para responder a las reivindicaciones y garantizar que todos puedan disponer de una vivienda.