Menas: primero, la emergencia; después, soluciones políticas

Niños durmiendo en comisarías, esperando en suelos de bibliotecas, pasando el tiempo en edificios administrativos. Esta es la situación que hemos conocido los últimos días en Catalunya. Los menores extranjeros no acompañados (menas) se acumulan en una vía administrativa sin que la reacción política llegue a tiempo. Cada día que uno de estos menores pasa fuera de algo similar a un hogar es un día perdido que añade trauma,  desarraigo y desconfianza. ¿Cómo hemos llegado a esta situación y cómo podemos salir de ella?

En primer lugar, el número de menas ha crecido de forma incesante: de 500 en el 2016 a más de 2.000 en lo que llevamos de 2018, según la DGAIA. Los motivos son variados y geopolíticos: la crisis general en el sistema de asilo hace que muchas familias intenten que sus hijos lleguen a lugar seguro, creyendo que tendrán más posibilidades de recibir acogida si no van con adultos; la situación política y la reinstauración del servicio militar obligatorio en Marruecos – el 80% de los menas es de origen marroquí–; el boca-oreja sobre qué país o zona ofrece mayores garantías –en el caso de los menores, Catalunya destaca por el trato y la acogida– o simplemente una mayor facilidad para las mafias de tráfico humano en una ruta concreta.

Ahora bien, sorprende y mucho que si la mayoría de menores proceden de Marruecos, lleguen hasta Catalunya cruzando toda la península sin ser detectados. O bien hay un tráfico constante de vehículos llevando de forma ilegal a menores (ilegal porque entendemos que no van en vehículos de transporte escolar y no son puestos a disposición de organizaciones humanitarias) que pasa desapercibido a las autoridades o estos menores llevan semanas cruzando lentamente otras ciudades hasta llegar a Barcelona y, de nuevo, pasan desapercibidos. Sea como sea, la Generalitat tiene competencias en cuanto a tutela de menores pero el Estado no puede mirar a otro lado puesto que los menores en cuestión son extranjeros. Si se trata de solicitantes de asilo, el Estado deberá decidir sobre su proceso y hacerse cargo del bienestar de esos menores mientras tanto. En el caso de menores migrantes - ¿puede acaso algún menor no acompañado ser un migrante voluntario realmente? ¿exponerse a los peligros de una ruta migratoria en soledad sin que sea considerada una huida de una vida peor? –la situación jurídica se complica. La ley de extranjería obliga a registrarlos en comisaría.

Dejando de lado consideraciones administrativas o legales, hay que hacer algo de forma inmediata. Ningún menor puede volver a dormir en una comisaría. Ninguna administración puede ir en solitario ni culpar a las otras. Los menores son prioritarios y un colectivo de especial protección en el derecho internacional. Urge demostrar la capacidad de reacción del Estado y de las CCAA. No podemos seguir colgando la bandera de sociedad de acogida mientras no unimos esfuerzos ante esta crisis propia. Las soluciones políticas para disminuir el flujo, si las hay, vendrán después. Primero, la emergencia.