Jueces y ultras

La revelación por parte de 'eldiario.es' y 'elmon.cat' de una cadena de mensajes en los que varios jueces expresan opiniones durísimas contra el independentismo debería generar un auténtico terremoto. En algunos de los correos, hay magistrados que comparan el independentismo con el nazismo y se habla de golpe de Estado en referencia al 1-O. El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, lo resumía señalando que "la democracia española tiene un problema si algunos jueces hablan como ultras".

Una revelación así debería implicar una investigación por parte del Consejo General del Poder Judicial y una revisión autocrítica a fondo del estamento judicial. Sabemos, sin embargo, que muy probablemente no será así. Posicionamientos como los que se expresan en los correos forman parte de un ADN retrógrado que ha impregnado históricamente una parte muy significativa de la judicatura. La herencia sociológica del franquismo persiste en amplias capas de la derecha y sobre todo en las estructuras más profundas del Estado. La Transición no cuestionó estos grandes poderes, empezando por la monarquía -Juan Carlos de Borbón fue designado por el propio dictador- y siguiendo por la policía, la Guardia Civil, el Ejército y también el poder judicial.

Razones de clase

Pero más allá de la herencia de una Transición imperfecta, la derechización del poder judicial tiene también poderosas razones de clase. El origen social determina en gran medida la morfología sociopolítica del colectivo de jueces: para poder acceder a la magistratura hay que dedicar una media de cinco años a preparar unas oposiciones después de terminar la carrera de Derecho. No existe un sistema público de becas suficientemente sólido que permita que personas de cualquier extracto puedan optar. Es normal, pues, que los jóvenes jueces provengan de sectores acomodados donde predominan las ideas conservadoras.

Esta tendencia se ve claramente en la filiación profesional de los jueces. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura, la más conservadora, tiene 1.328 afiliados, que representan más del 25% del total de los miembros de la carrera judicial. La considerada organización progresista, Jueces para la Democracia, tan sólo 523. En enero de 2018 nació Ágora Judicial, una asociación de tendencia progresista y catalanista, impulsada por tan solo una veintena de jueces. La desproporción es obvia.

Evidentemente, existen policías, jueces y militares demócratas. La portavoz de Jueces para la Democracia, Dolors Comas, explicaba que en la cadena de correos que se ha hecho pública solo participan una treintena de jueces. El poder judicial no es homogéneo: de vez en cuando nos encontramos con sentencias que rompen los esquemas, y hay jueces de base que se dejan los codos en juzgados de primera instancia tratando de asentar jurisprudencia en clave progresista. Pero la tendencia derechista del poder judicial es, todavía hoy, un lastre con razones históricas y de clase que hay que corregir.