Al contado
Leyes en el cuarto oscuro
La de contratos públicos o el recorte a las renovables son ejemplos de prácticas legislativas que deberían provocar el sonrojo como país
Agustí Sala
Redactor jefe de Economía
Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School
Agustí Sala
Luz y taquígrafos. Es lo que suele reclamar la oposición, o los grupos que no participan de un proyecto normativo, cuando este se tramita en el Congreso de los Diputados o el Senado. Los más mínimos cánones democráticos exigen que, al menos, se debata con claridad, sin opacidades.
Pues bien. Veamos la ley de contratos públicos, en vigor desde marzo pasadoley de contratos públicos. Resulta que el texto definitivo incorporó un conjunto de enmiendas que, 'de facto' prácticamente imposibilitan la remunicipalización de servicios públicos como el agua o la sanidad, tal como pretenden ayuntamientos del cambio, como el de Ada Colau en Barcelona o el de Manuela Carmena en Madrid.
Curiosamente, en esta cuestión han coincidido grupos, en apariencia tan alejados, como el PDeCat, Ciudadanos, el PP o el PNV. Para eso no hay banderas ni patrias que valgan. La ideología, en este caso, une más que separa. Y no siempre (casi nunca) en defensa de los intereses colectivos sino de los lobis que no sé si existen, como, hasta no hace mucho, aseguraban algunos de sus más destacados representantes, pero que, desde luego, haberlos, haylos. Y muy activos cuando corren riesgo sus intereses.
Y, además, las trabas impuestas en la ley se inspiran en peticiones de la patronal CEOE, firme defensora de la colaboración público-privada que, bien regulada, puede liberar cargas al sector público y mejorar la eficiencia de los servicios, pero en caso contrario, garantiza ante todo la privatización de los beneficios y suele desembocar en la colectivización de las pérdidas. Al almacén gasista Castor o las autopistas radiales me remito, por recordar solo unos casos.
Es un ejemplo de cómo se legisla. Pero no es el único. Basta con ver el reciente varapalo del organismo de arbitraje del Banco Mundial, el CiadiBanco MundialCiadi, (y ya van tres), que ha reconocido a Masdar, del fondo soberano de Abu Dabi, parte de su demanda por el recorte a las energías renovables practicado por el Gobierno de Mariano Rajoy en época del dimitido titular de Industira, José Manuel Soria.
Fue esa otra de las formas de regular que le han merecido al Reino de España el dudoso honor de situarse en cabeza en el ránking de países con más pleitos en el Ciadi, al nivel de la tan denostada Venezuela (Oh! cielos). El país acumula hasta 40 pleitos en distintas cortes arbitrales.
Son ejemplos de que al regular se impone la oscuridad, pero cuando se ven afectados inversores extranjeros, estas malas praxis salen irremediablemente a la luz y hacen perder credibilidad. Aunque en último caso se trate de energías verdes, al final el que se impone es el tono colorado del sonrojo que nos debería afectar como país.
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