Una Barcelona de Barcelonas

Durante un año, el Ayuntamiento de Barcelona, las entidades del Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva y otros actores sociales de la ciudad, como sindicatos y agentes económicos, hemos trabajado en red para la definición de una estrategia para los próximos diez años para que en el 2027 Barcelona sea un referente de ciudad que garantice los derechos sociales de toda la ciudadanía, con responsabilidad pública y contando con la colaboración y el compromiso de la iniciativa social y ciudadana.

La culminación de este proceso es la aprobación de la Estrategia de Inclusión y Reducción de Desigualdades Sociales de Barcelona 2017-2027. Una estrategia inédita de coproducción de políticas que expone la voluntad compartida por más de setecientas entidades y todos los grupos municipales y que supone sumar esfuerzos, recursos y capacidades para alinear la acción social y multiplicar los resultados para reducir desigualdades en la ciudad. Hemos definido 41 objetivos, clasificados en cinco líneas estratégicas y doce hitos que nos ayuden a poner rumbo hacia la ciudad en la que nos gustaría vivir dentro de diez años.

Publica una carta del lector

Una ciudad compartida

Un consenso unánime que pone el foco en una Barcelona de Barcelonas, una ciudad compartida donde todo el mundo tenga el derecho de construirla y disfrutarla, entendiendo que una ciudad más inclusiva debe ser, a la fuerza, una ciudad menos desigual. Y que, por lo tanto, se tienen que reducir las desigualdades que se han ensanchado durante la crisis y las políticas de austeridad, planteando proyectos y acciones para el conjunto de los habitantes de Barcelona y no solo en los grupos más vulnerables.

Los doce hitos resumen una estrategia integral y transversal, con más de novecientos proyectos compartidos e impulsada desde la participación y deliberación entre Ayuntamiento y sociedad civil. Estamos hablando del acuerdo político y social más importante de la ciudad de Barcelona y que marcará un antes y un después. No es retórica, sino el compromiso de toda la ciudad, con hitos realistas e indicadores claros, que abordan temas como el precio de la vivienda, las diferencias de renta entre barrios y la garantía de los derechos de los niños, la pobreza laboral, el derecho a los suministros básicos, la equidad educativa, la solicitud y el impulso de vínculos comunitarios, el sufrimiento psicológico, los problemas de convivencia, la atención a los cuidados de personas dependientes, la autonomía personal y la esperanza de vida.

La prioridad en las personas

Lograr cumplir con estos hitos no solo depende del despliegue de las actuaciones de la estrategia, lo sabemos. Hay factores estructurales muy potentes que condicionarán su consecución, habrá que impulsar también su cumplimiento a nivel nacional e internacional para que el mundo local y las entidades del tercer sector no sigan afrontando en solitario las emergencias en primera línea. Pero creemos firmemente que la transformación global y de los marcos legales injustos vendrá precisamente desde las ciudades, sociedad civil y gobiernos locales que desafiamos las causas de la creciente desigualdad y lo hacemos desde la exigencia y la acción concreta, transformando desde la cotidianidad la vida de la gente. Este nuevo consenso de Barcelona representa una revolución en el qué y en el cómo. Poniendo la prioridad en las personas, sacudiendo la distribución de poder y de recursos y alineándonos en una estrategia de coproducción real.

La ciudad quiere reducir el sobresfuerzo de las familias para pagar la vivienda y, para hacerlo, ya se está incrementando el parque público de vivienda y ya se está trabajando para complementar el sistema de garantía de rentas, pero harán falta políticas de vivienda a nivel de país, cambios en la legislación. Desde la ciudad y haciendo red con las entidades que trabajamos a pie de calle lucharemos para que la evidencia de poner freno a la especulación y garantizar el derecho a la ciudad sea una prioridad también más allá del gobierno de la ciudad.

Para reducir las desigualdades entre barrios se requieren políticas de inversión social y educativa como las que se están desplegando con el Plan Besòs, con la tarifación en las 'escoles bressol', medidas contra la segregación o los nuevos recursos de apoyo educativo para escuelas enriquecidas en barrios empobrecidos. Es imprescindible un compromiso político para luchar contra la gentrificación y la expulsión de vecinos y vecinas, pero también tiene mucho que ver con el mercado laboral y con el sistema de protección social. Por eso contamos con la implicación de actores sociales y económicos. En paralelo a la ayuda que prestamos a las personas que no pueden hacer frente a los gastos en suministros básicos, exigimos nuevos marcos normativos y responsabilidad de las empresas.

Remover conciencias y privilegios

A esta hay que sumar los proyectos de entidades, sindicatos, empresas y grupos vecinales, entre los que se cuentan diversas iniciativas para garantizar el acceso a oportunidades formativas de niños y jóvenes, programas de acompañamiento en el acceso a la vivienda para personas en situación de vulnerabilidad creados por entidades que atienden a personas sin hogar, iniciativas de apoyo a las personas cuidadoras, acciones de fortalecimiento de las redes de relación social y del apoyo comunitario a las personas mayores... Una larguísima lista de proyectos concretos que son la semilla para ir tejiendo complicidades en los próximos años, para multiplicar el impacto de las iniciativas de una ciudad en constante movimiento.

No estamos solo ante buenas intenciones, se presenta la voluntad de actuar juntas para pasar del asistencialismo a la transformación con proyectos. Para remover no solo conciencias, sino también privilegios.