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LA MODIFICACIÓN DE LA CARTA MAGNA

¿Una segunda oportunidad?

Astrid Barrio

El último barómetro del CIS abre la posibilidad de que los populares dejen de tener capacidad de veto ante una eventual reforma constitucional

En el 2014 cuando en las elecciones europeas hicieron su aparición Podemos Ciudadanos y las encuestas empezaron a evidenciar el progresivo debilitamiento de los dos partidos tradicionales, PP y PSOE, más allá de las consideraciones acerca del cambio del sistema de partidos muchos apuntamos que en el nuevo escenario que parecía empezar a abrirse sería posible emprender la senda de las reformas institucionales, particularmente la reforma de la Constitución y de su título VIII. No en vano los nuevos partidos incluían propuestas de reforma en sus programas en la perspectiva de conseguir la anhelada regeneración democrática.  

Sin embargo los resultados de las elecciones de 2015 y 2016 desinflaron todas las expectativas de cambio porque el PP, el partido más reacio a cualquier tipo de reforma, disponía de poder de veto tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. En la Cámara baja bastan 117 escaños para bloquear una reforma constitucional mientras que en la Cámara alta el coste del bloqueo es más elevado, mayoría absoluta, ambas condiciones  que el  PP satisfacía tanto en la fracasada legislatura de 2015 como en la actual. Por ello es de prever que la Comisión para la evaluación del Estado autonómico creada en el Congreso a instancia del PSOE a cambio de su apoyo al artículo 155 tenga hoy por hoy poco recorrido.

Los partidos independentistas
tendrán que decidir si se siguen inhibiendo o se replantean cuál puede ser su papel en España

Pero el último barómetro del CIS, más allá de confirmar el ascenso de Ciudadanos y el retroceso del PP  abre la posibilidad de que en el Congreso y posiblemente en el Senado los populares  dejen de tener capacidad de veto ante una eventual reforma constitucional.  En ese nuevo contexto en el que  parece que se mantiene la constante de que los partidos nacionalistas van a seguir decantando las mayorías absolutas, los partidos independentistas  van a tener que decidir si se siguen inhibiendo como sucedió en el 2015 y el 2016 o si se replantean cuál puede ser su papel en el conjunto de España ahora que ya ha quedado del todo claro, a diferencia de lo que sostenían algunos, que no es más fácil declarar la independencia unilateral que reformar España.

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En ese escenario hasta ahora del todo inédito no se trataría solo de que los partidos catalanes contribuyesen a garantizar la gobernabilidad, cosa que han hecho siempre que se les ha requerido y con absoluta lealtad, sino de contribuir al igual que hicieron en 1978 al (re)diseño institucional para conseguir que Catalunya vuelva a sentirse cómoda en España. Obviamente el desafío no es sencillo y no hay ninguna garantía de éxito pero o eso o se sigue por la vía del conflicto y del desafío a la espera de reunir la suficiente fuerza para poder imponer la secesión unilateral.  Lo que queda del catalanismo -PSC, Units per Avançar y Comunes- hace tiempo que piensa en ello.  Mientras ERC,  a quien el CIS augura muy buenos resultados,  no sería de extrañar que optase por no dejar pasar la oportunidad. Llegado el caso, la incógnita será si el PDECat y/o Junts per Catalunya se dejarán arrastrar hacia una virtuosa subasta o  si se alienarían con la CUP que nada quiere saber de España.

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