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EDITORIAL

El Gobierno protege al taxi

El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros blinda la norma que la CNMV llevó ante el Supremo

Un coche de Uber en el Aeropuerto de Barcelona. 

Un coche de Uber en el Aeropuerto de Barcelona.  / Albert Bertran

El sector del taxi ha recibido un espaldarazo en el último Consejo de Ministros en su dura lucha contra la irrupción de nuevos actores en el sector del transporte urbano, como Uber y Cabify. El Gobierno aprobó un real decreto por el cual ha elevado a rango de ley que solo pueda haber una licencia de VTC (vehículos turismo con conductor) por cada 30 taxis. Los VTC es la forma que empresas como Uber encontraron para sortear la prohibición de usar coches particulares, un camino equivocado en la liberalización del sector que no solo suponía una competencia desleal para el taxi, sino que ponía en peligro las garantías de los consumidores. 

El real decreto –que también obliga a estos vehículos a realizar el 80% de sus trayectos dentro de la comunidad autónoma donde están registrados– es la forma con la que el Gobierno busca blindar los límites del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) recurrió ante el Tribunal Supremo (TS), al considerar que restringe la competencia y limita la capacidad de elección de los usuarios. En caso de que el TS falle a favor de una liberalización total del sector, la decisión del Consejo de Ministros complica el proceso. 

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En una economía de mercado que funcione la competencia debe ser leal y reglada. La UE ya ayudó a delimitar las reglas del juego al establecer que Uber no es una plataforma digital sino una empresa de transporte que debe respetar las normas del sector. Uber entró en el sector como un elefante en una cacharrería, sin cumplir normas elementales y generando el comprensible rechazo de los taxistas.

Modernización

Ahora bien, los desmanes iniciales no deben dar lugar a una regulación final que sea lesiva para los derechos de los consumidores. El decreto aprobado por el Gobierno establece un marco para toda España, y ya ha sido considerado restrictivo por Uber y Cabify porque limita su penetración en el mercado y priva al consumidor de elegir cómo desplazarse. Oponerse a la liberalización del sector del transporte equivaldría a poner puertas al campo. El real decreto, más que la última palabra en la regularización, debe servir para que el taxi disponga de más tiempo para afrontar la imprescindible modernización y para que las nuevas empresas se adapten a las reglas del sector.

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